El Consejo de Ministros estudió ayer el anteproyecto de ley para regular el régimen de las empresas de inserción, es decir aquellas con más de un 30% de su plantilla ocupada por excluidos sociales. Estas podrán acogerse al contrato laboral de fomento del empleo, bonificado para personas en situación de discapacidad, violencia de género o exclusión social.
Actualmente ya existen unas 165 empresas de este tipo con unos 3.800 empleados, de los que el 62% lo son en inserción. La mitad están en Cataluña, Andalucía y Madrid. Haymás de 100.000 posibles beneficiarios, según Trabajo.
