La Fiscalía de la Audiencia Nacional exige al Grupo Globalia una indemnización de 22,7 millones de euros y una multa de 9,5 millones por fraude en las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Fomento por los billetes de residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Considera que la entidad puso en marcha una operativa para recaudar "importes subvencionables superiores a los que realmente constaban en cada billete, presentando, no la cantidad efectivamente cobrada, sino la cuantía máxima por tarifa aérea y gastos de emisión registrada en el Ministerio".
En su escrito de acusación, el ministerio público explica que en los billetes emitidos por Air Europa y comercializados por agencias de viaje del grupo hubo "una generalizada igualación de las cantidades" reclamadas. El sistema fue ideado por una persona "no suficientemente identificada, con facultades decisorias en la sociedad acusada", por lo que no pide pena alguna para persona concreta, en la línea marcada por el juez instructor, Eloy Velasco, cuando dio por concluida la instrucción y archivó las actuaciones respecto del presidente de Globalia, Juan José Hidalgo.
YA A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO
El fiscal destaca que la cantidad reclamada como indemnización se encuentra ya consignada en el Juzgado Central de Instrucción número 6 mediante avales bancarios por importe de 15 millones de euros aportados el día 5 de noviembre de 2015 para garantizar la responsabilidad que pudiera derivarse de la investigación.
También asegura que la empresa desarrolló su Compliance Program (también conocido como plan de prevención de delitos en el ámbito de la empresa) para adoptar las medidas de vigilancia y control oportunas que aseguraran que, en la medida de lo posible, que en el futuro no se incurra nuevamente en estas ni en otras actividades contrarias a la ley.
COLABORACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN
Destaca que el fiscal que las compañías investigadas facilitaron en todo momento la investigación de los hechos, entregando de manera inmediata toda la documentación que se les pedía, a pesar de su posible carácter incriminatorio.
Globalia siempre ha defendido que si ha cometido un error está dispuesta a asumirlo y ha mostrado su colaboración con la Administración. Asimismo, apunta que la ley que regula el descuento del 50% sobre la tarifa de residentes era lógica cuando se aprobó en 1951 pero defiende que la demanda sobre estos billetes ha cambiado mucho desde entonces, informa Europa Press.
La matriz de Air Europa desembolsó 19,2 millones de euros en la Audiencia Nacional (AN) por este proceso judicial, a raíz de una denuncia de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) por un supuesto mal uso de dichas subvenciones. Un año antes, la patronal de agencias trasladó sus sospechas a Fomento, que abrió una investigación administrativa.
El Ministerio de Fomento ya había iniciado una investigación a partir de la cual comenzaron las pesquisas policiales. Globalia abonó otros 17,7 millones de euros ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) por el mismo concepto en relación a los ejercicios 2010 y 2015, tras llegar a un acuerdo con el Departamento que depende de Fomento por el expediente abierto al grupo.
