La fiscalía del caso Gescartera rechazó ayer la imputación de varios altos cargos de la CNMV y del Gobierno en el 2001 por "delitos de estafa o de fraude", tal y como pedían ante la Audiencia Nacional la mayoría de las acusaciones, que insistieron en no dilatar más el inicio de la vista, que afecta a más de 4.000 inversores con un agujero patrimonial de 50 millones de euros.
Anticorrupción acusó a 14 personas ligadas a la firma, pero dejó sin imputar a otras 39 contra las que las acusaciones habían presentado estos cargos y, entre las que figuraba la expresidenta de la CNMV Pilar Valiente, que presentó su dimisión como consecuencia del escándalo, y el exvicepresidente del organismo regulador y exdiputado del PP Luis Ramallo. También considera que no hay base jurídica para acusar al exsecretario de Hacienda Enrique Giménez Reyna.
