El caso Gescartera quedó ayer visto para sentencia con las peticiones del fiscal y las acusaciones particulares. El fiscal, Vicente González Mota, pidió 11 años de cárcel para el dueño de la agencia de valores, Antonio Camacho, y elevó la cuantía de los daños provocados a clientes en 90,15 millones de euros. La acusación mantiene también la pena de ocho años para la expresidenta de la entidad, Pilar Giménez Reyna, y exculpó a la mujer de Camacho, Laura García-Morey, y a la empleada Angeles Leis.
Las acusaciones particulares llegaron a solicitar hasta 22 años de cárcel para Antonio Camacho; el número dos de la agencia, José María Ruiz de la Serna, y el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón, por apropiación indebida, estafa y falsedad documental. El fiscal solo admitió los delitos de apropiación indebida y falsedad para solicitar 11 años de prisión para los principales imputados.
Según el fiscal, Camacho y Ruiz de la Serna eran las personas que "actuaban coordinadamente engañando" a los clientes de Gescartera sobre el destino de sus ahorros.
DATOS OCULTOS Además, Camacho dispuso en interés propio y de su entorno cerca de 12 millones de euros, mientras que Ruiz de la Serna supo cómo ocultar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el dinero de los clientes no estaba invertido en activos financieros. Para González Mota, entre Camacho, su entorno, Ruiz de la Serna y Sardón pudieron apropiarse de una cuarta parte de las aportaciones netas de los clientes de Gescartera, entre 1993 y 2001, cifradas en 69,71 millones de euros.
