En los siete meses que ha durado el juicio del caso Bankia, el expresidente de la entidad Rodrigo Rato no ha podido convencer a la Fiscalía Anticorrupción de su inocencia. Ha sido justamente lo contrario y ayer vio cómo elevaba en tres años y medio la petición de cárcel que formulaba cuando empezó la vista en su contra. En sus conclusiones definitivas por la salida a bolsa de Bankia, la fiscala Carmen Launa ha pedido a la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional que le condene a ocho años y medio de cárcel o, alternativamente, a seis años y medio, en vez de los cinco que pedía provisionalmente.
El motivo de esta agravación es que al delito de estafa a los inversores que ya le atribuía le ha añadido un par de falsedades contables continuadas -posibilidad que ya había anunciado en cuestiones previas-, una por las cuentas del 2010 y otra por las del 2011. En lo relativo a este último ejercicio plantea la imposición alternativa de dos penas en función de si el tribunal considera cometido plenamente la falsedad o si cree que se quedó en un mero intento.
Más acusados / En su escrito de calificación definitivo, la fiscalía afirma que Rato «fue la persona que pilotó el proyecto de BFA/Bankia, como presidente del órgano de administración y principal ejecutivo». Y era, según Anticorrupción, «plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto de Bankia y de su debilidad financiera», pese a lo que «permitió» que saliera a bolsa «a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo una información incompleta e inveraz que ocultaba la situación crítica» de la entidad y que «el precio de la oferta pública de suscripción (OPS) dañaba inexorablemente BFA y el futuro del banco cotizado».
Al comenzar la vista oral, de las 34 personas que se sientan en el banquillo de los acusados, la fiscalía solo acusaba a Rato y a otras tres personas: José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú. Los dos primeros, al igual que Rato, también han visto agravada la petición de pena. El último se enfrenta ahora a una pena de un año y medio o de nueve meses, cuando inicialmente la fiscalía pedía para él dos años y siete meses.
Para el que fue presidente del Banco de Valencia y vicepresidente de Bankia pide ahora cinco años de cárcel, cuando inicialmente se enfrentaba a cuatro, y para Fernández Norniella, seis o, alternativamente, cinco (antes pedía tres).
LA INFORMACIÓN DEL FOLLETO / Considera responsables a los cuatro de «las decisiones que motivaron que la información incluida en el folleto» de salida a bolsa de Bankia «no fuese acorde a la realidad económica y patrimonial de la entidad, afectando a áreas y magnitudes muy relevantes de la misma y dando a los futuros inversores una imagen de solvencia ficticia que generó una falsa confianza y una inexacta percepción sobre la situación patrimonial y financiera» tanto de ella como de las que procedía.
Además de esos cuatro acusados iniciales, el ministerio público ha incluido ahora también a otras 10 personas. Entre ellas están el socio auditor de Deloitte Francisco Celma, para el que pide dos años de cárcel, cuyas «auditorías no solo otorgaron confianza al inversor, sino que también evitaron que los órganos supervisores, Banco de España y CNMV, adoptaran mayores cautelas», afirma.
Entre los inculpados también se encuentra el interventor de Bankia Sergio Durá, que se enfrenta a dos años de cárcel o alternativamente a uno, y el exministro Ángel Acebes, para el que pide un año y medio de cárcel o nueve meses, en función de las dos posibilidades de condena que plantea al tribunal.
Para el exdirector general financiero y de riesgos de Caja Madrid y de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, pide dos años y medio de cárcel, al considerarle cooperador necesario de los delitos cometidos, porque «no solo fue testigo de las tomas de decisión, sino que coordinó las estrategias para su desarrollo», afirma la fiscalía.
