La fiscalía de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite contra la multinacional Uber por delito fiscal contra la Hacienda pública española. La aceptación de la demanda va aparejada al inicio de diligencias de investigación sobre los hechos denunciados por la asociación sectorial asociación sectorial Taxi Project en mayo del 2020. Según cálculos del demandante, la cuantía defraudada ascendería a unos 5,1 millones de euros solo en el 2018. Fuentes jurídicas apuntaron a que el resultado de la investigación de la fiscalía y su paso al juez instructor podría producirse en unos cuatro meses. En fuentes de Uber descartaron evaluar la información.

Los argumentos presentados en la demanda parten de la base de que Uber debe considerarse "como una única persona jurídica, formada en apariencia por un numeroso grupo de empresas patológico constituido con el objetivo de defraudar la ley, en especial en lo relativo al pago de tributos (fundamentalmente, IVA e impuesto de sociedades)". Los argumentos de los taxistas se centran en que Uber ejerce una actividad de servicios de transporte sujeta al IVA en España (como ya declaró en su día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), por lo que debe facturar todos los servicios prestados y repercutir en cada factura el IVA correspondiente (10%).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional debe investigar ahora si Uber, de forma deliberada, no ha declarado o no ha declarado correctamente en España el IVA devengado por su actividad. Según los cálculos de los demandantes, Uber defraudó, en el 2018, 5,1 millones de euros, a lo que habría que añadir las cuotas correspondientes al resto de ejercicios fiscales en los que haya operado y presumiblemente acometido la misma conducta fiscal que en el 2018.

Según el punto de vista de los demandantes, que representan al sector del taxti convencional, Uber también debe tributar en España a través del Impuesto de Sociedades por la totalidad de los beneficios obtenidos en el territorio nacional como consecuencia de los servicios de transporte desarrollados en España. No obstante, consideran que la cifra de negocio declarada "no se corresponde con la realidad", según la demanda, por lo que Uber habría defraudado las cuotas aplicables a los beneficios no declarados (tomando como referencia que los ingresos reales en el año 2018 fueron de aproximadamente 51 millones de euros, y que los ingresos declarados fueron de 2,9 y 16,7 millones de euros en los ejercicios 2017 y 2018, respectivamente.

De comprobarse todos y cada uno de los puntos anteriores, la Fiscalía podría entender que existen delitos de defraudación a la Hacienda pública tipificados en los artículos 305 y siguientes del Código Penal, en sus modalidades agravadas, así como de delitos de falsedad documental tipificados en los artículos 390 y siguientes.