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Proyecto internacional de investigación

La fiscalía investiga compras de un cargo de Putin en la Costa Brava

La familia del número dos de Rostec realizó inversiones en terrenos con dinero opaco. Las pesquisas judiciales se basan en la denuncia del millonario de EEUU William Browder

 

Entrada de las dos villas de los Artyakov en S’Agaró. - JOAN CASTRO

A. BAQUERO / M. JIMÉNEZ BOTÍAS
07/03/2019

La compra de cuatro parcelas en la zona más exclusiva de la Costa Brava por parte del entorno familiar de un alto cargo del presidente ruso, Vladímir Putin, está en el punto de mira la Fiscalía Anticorrupción. Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso, la fiscalía tiene abierta desde hace meses una investigación sobre esa compra, realizada en el 2008 por Ana Kurepina, una mujer rusa de 80 años que recibió desde Delco Network SA (12.720.000 euros) y Dino Capital SA (400.000 euros), dos sociedades radicadas en paraísos fiscales, un préstamo de más de 13,1 millones de euros.

Kurepina está vinculada con Vladímir Artyakov, exgobernador de la región de Samara y número dos de Rostec, el gigante empresarial del Estado ruso dedicado al desarrollo de tecnología aplicada a usos civiles y de defensa.

La investigación de esa compra forma parte de una pesquisa mayor que está llevando a cabo la Fiscalía sobre una trama financiera de origen ilícito originada en Rusia. Según esas fuentes, las actuaciones de Anticorrupción, que estarían muy avanzadas, se basan en la declaración que el empresario estadounidense William Browder, director ejecutivo del fondo de inversiones Hermitage Capital Management, hizo el pasado verano ante el fiscal anticorrupción José Grinda. Según fuentes cercanas al caso, Browder aportó además pruebas documentales para sustentar su denuncia.

DETALLES DE OPERACIONES / Browder, en su testimonio ante el fiscal, proporcionó detalles sobre la compra realizada por Kurepina y señaló que los fondos empleados para adquirir esas parcelas provienen del fraude fiscal perpertrado por funcionarios rusos y que fue denunciado años atrás por Sergei Magnitsky, un abogado ruso que él había contratado y que murió asesinado en prisión tras revelar un enorme fraude fiscal.

El estadounidense dirigió una campaña para denunciar la corrupción y castigar a los funcionarios rusos a los que culpa por la muerte en el 2009 Magnitsky, a quien había contratado como abogado.

La particularidad de la compra de esas parcelas en S’Agaró Vell --un préstamo millonario desde las Islas Vírgenes Británicas y Panamá a una octogenaria a la que no se exigen garantías de pago, que por edad no puede afrontar un crédito a 20 o 30 años y que no devuelve nada del importe a unas empresas que cierran poco después--, ha llamado la atención de los investigadores, que incluso dudan de que Kurepina, la autora de la adquisición, llegara a estar físicamente en ningún momento en territorio español. De hecho, es posible que ni siquiera estuviera presente en el momento de la compra, ya que en el contrato figura una mujer de nombre ruso que actúa en nombre de la octogenaria. Años más tarde, en el 2014, Kurepina vendió esas parcelas, en cuyo interior hay dos lujosas viviendas, a Dmitri Artyakov, hijo del alto cargo de la empresa rusa.

ACTUACIONES ESPAÑOLAS / La fiscalía española es uno de los órganos judiciales de Occidente que con más contundencia ha actuado contra las organizaciones criminales rusas. Así, ha liderado el desmantelamiento en España de la mafia Tambovskaya, liderada por Gennadios Petrov, la Kutaisi, de Tariel Oniani, o la organización criminal georgiana de Kakhaber Shushanashvili.

Aunque ya estaba siendo investigada por Fiscalía, la compra de esas cuatro parcelas fue hecha pública por los diarios del Grupo Zeta en el marco de una investigación conjunta realizada a nivel mundial por un total de 21 medios, entre ellos, The Guardian, la BBC, Le Monde, el Süddeutsche Zeitung o la televisión pública finlandesa, a partir de la obtención de un archivo con un 1,3 millones de transferencias filtradas a la web de noticias de Lituania 15min.lt. La investigación ha sido coordinada por el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

La mayoría de los movimientos bancarios fueron ordenados por sociedades radicadas en paraísos fiscales.