En estos días en los que todos los organismos internacionales ponen deberes a todos los países, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó ayer su informe sobre España donde elogia las medidas adoptadas por el Gobierno en el último año, pero le advierte de que "el saneamiento está incompleto" y de que "los riesgos son considerables". Para el logro de los objetivos de déficit público, el Fondo calcula que el Gobierno deberá acometer un ajuste adicional de unos 20.000 millones en tres años, añadido a lo ya previsto.

"No se debe relajar el impulso de las reformas, lo que incluye seguir reforzando la credibilidad de la consolidación fiscal, completar la reestructuración del sector financiero, fortalecer con ambición las reformas del mercado laboral y continuar con la agenda de reformas estructurales", afirma el FMI en su informe, tirando de sus ortodoxas recetas económicas. "Un amplio apoyo político y social ayudaría a esta amplia estrategia", añade.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, opinó que el Fondo ha hecho una "valoración extraordinariamente positiva" de la actuación del Ejecutivo en política económica, aunque el saneamiento es "incompleto".

Dado que el FMI baraja unas previsiones de crecimiento de la economía inferiores a las proyectadas por el Gobierno, el Fondo calcula que "serán necesarias medidas adicionales de alrededor del 2% del PIB hasta el año 2014". Es tanto como decir que al ajuste previsto por el Gobierno para reducir el déficit desde el 6% del PIB previsto para el 2011 hasta el 3% en el 2013 y el 2,1% en el 2014 habrá que añadir un recorte de gastos o subidas de impuestos equivalentes a otros 20.000 millones, al menos.

BLOQUEO DE TRANSFERENCIAS El FMI señala a autonomías y ayuntamientos como principales focos de incertidumbre para el cumplimiento de los objetivos de recorte del déficit y plantea al Gobierno que extreme la disciplina a su alcance. En concreto se refiere a la no autorización de endeudamiento a las comunidades que no cumplan los objetivos marcados y a "la retención de las transferencias discrecionales que cofinancian el gasto". El Fondo alude así a un mecanismo legal ya existente del que, sin embargo, el Gobierno nunca habla: la posibilidad de dejar de financiar programas de gasto conjuntos y anularlos en las autonomías que incumplan. También se plantea la conveniencia de aplicar techos de gasto en todos los niveles de gobierno.

UNA REFORMA MAS RADICAL El FMI cuestiona la eficacia de las medidas de reforma laboral adoptadas para reducir el desempleo "inaceptablemente alto". En su opinión es preciso "profundizar y ampliar las reformas hasta la fecha" y avanzar en la flexibilidad de la negociación colectiva, en el mayor abaratamiento del despido y en la no indexación de los salarios con la inflación.

Para disipar "las preocupaciones" que aún persisten respecto al sistema financiero español y a las pérdidas por el sector inmobiliario, el Fondo aconseja abordar con rapidez la reestructuración pendiente: que las entidades no viables se liquiden "velozmente" y que la obtención de capital en los mercados "se aplique lo antes posible".