La preocupación por el cambio climático es desde hace años parte de la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha llamado a acabar con los subsidios multimillonarios a la industria petrolera o a diseñar estrategias para resistir los impactos derivados del calentamiento del planeta. Esa postura está llamada a acentuarse desde la llegada a los despachos de Foggy Bottom de la economista búlgara Kristalina Georgieva, quien hizo de la lucha contra la crisis climática una de las prioridades del Banco Mundial durante su etapa allí como directora ejecutiva. En uno de los primeros informes publicados bajo su mandato, el FMI insta a sus países miembros a adoptar con urgencia políticas fiscales para desincentivar el uso de los combustibles fósiles, concretamente con la imposición de un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono.

El calentamiento global genera daños masivos para la economía global y el mundo natural y conlleva riesgos de consecuencias catastróficas e irreversibles, asegura el documento presentado esta mañana en Washington, donde el Fondo celebrará la semana que viene su Asamblea Anual. Es necesario adoptar con urgencia políticas para reducir las emisiones. Cuanto más se retrasen estas acciones, más abruptas y costosas serán. El informe subraya que los impuestos a las emisiones de carbono son la herramienta más poderosa y efectiva que existe para impulsar la transición energética hacia un modelo sostenible de emisiones neutras. Actualmente la combustión de petróleo, gas natural y carbón genera el 63% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principales responsables del aumento de la temperatura global.

Unos 50 países aplican actualmente algún tipo de gravámenes al carbono, pero de media su tonelada se cobra a 2 dólares, una cifra muy por debajo de lo que el planeta necesita para evitar que el aumento de la temperatura no sobrepase los 2 grados centígrados respecto a sus niveles preindustriales. Los países que más emiten tienen que adoptar acciones ambiciosas. Deberían, por ejemplo, adoptar un impuesto al carbón que aumente rápidamente hasta los 75 dólares por tonelada en 2030, escriben los autores del informe. Ese precio implicaría una subida media de la factura eléctrica de los hogares del 43% y del 14% en los precios de la gasolina. Aunque una subida semejante podría acarrear costes políticos por su previsible impopularidad, el FMI sostiene que podría compensarse bajando los impuestos sobre la renta o el trabajo.

Para las arcas estatales los incentivos son evidentes, ya que, según los cálculos del Fondo, la recaudación fiscal aumentaría entre un 0.5% y un 4.5% dependiendo del país. Como ejemplo de la efectividad de este sistema expone el caso de Suecia, donde la tonelada de carbono se grava a un precio de 127 dólares. Un precio que no ha impedido al país escandinavo reducir sus emisiones un 25% desde 1995 mientras su economía crecía un 75%.

Aunque estas recomendaciones del Fondo no son vinculantes, su importancia política es innegable. Y es que, particularmente en Estados Unidos, los negacionistas del cambio climático, empezando por la Casa Blanca, esgrimen que los planes para reducir las emisiones no son más que una estratagema para destruir el capitalismo. Habrá que ver ahora como responde la Administración Trump porque nadie en su sano juicio puede acusar al FMI de ser un enemigo del capitalismo.