El Ministerio de Fomento ha iniciado el proceso de 'rescate' de la autopista AP-41 Madrid-Toledo, la última de las nueve vías de cobro que quebraron durante la crisis y que le quedaba por asumir a la administración pública. El 'rescate' ha comenzado con la aprobación este viernes en Consejo de Ministros del inicio de resolución del contrato con la sociedad Concesionaria Española de Autopistas SA, tras ser declarada en liquidación.

La rescisión del contrato supone un proceso que incluye una serie de trámites administrativos, como son una audiencia a Concesionaria Española e informes de la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado. Una vez que esta tramitación finalice, el Consejo de Ministros aprobará la resolución del contrato. Será entonces cuando la vía, al igual que las ocho ya rescatadas el pasado año, pase a ser gestionada por el Ministerio de Fomento a través de su sociedad Seittsa.

REBAJA DEL PEAJE

A partir de ese momento, se podrá aplicar al peaje de la autopista la rebaja del 30% que las otras ocho vías realizaron el pasado día 15, así como la gratuidad de circular por la carretera de noche (entre las 0.00 y las 6.00 horas). La rebaja se aplica a las cuatro autopistas radiales de Madrid, la M-12 que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la AP-36 entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete), el tramo de la AP-7 entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería), y la Circunvalación de Alicante. A ellas se sumará la AP-41 Madrid-Toledo cuando concluya el proceso de liquidación de su actual concesionaria.

También comenzará a contar el plazo de seis meses que el Estado inicialmente tiene para calcular y pagar la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) por la autopista rescatada, el importe a abonar a sus actuales concesionarios por la inversión que realizaron durante su construcción, que aún no se han amortizado. No obstante, en el caso de las ocho autopistas ya rescatadas, este plazo, que finalizaba de aquí a unos días, se alargará con una prórroga de seis meses más.

Estas vías tuvieron un costes aproximado de 7.000 millones de euros, pero fueron declaradas en bancarrota después que en el año 2012 la mayoría de sus empresas propietarias se declararan insolventes. Entre las carreteras quebradas encontramos las madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 (Eje Aeropuerto), la manchega AP-36 (Ocaña-La Roda) y los tramos de la AP-7 entre Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante, todas con una deuda aproximada de 3.200 millones de euros.