Cuatro días en casa y uno en la oficina. Así podrá ser la semana a partir de ahora para los funcionarios de la Administración General del Estado al cuidado de menores de 14 años y dependientes. Los sindicatos CSIF, UGT y CIG y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública llegaron a este acuerdo en la noche del martes para dar respuesta a la nueva situación laboral generada por la crisis del covid-19. El texto fue firmado ayer con la ausencia del sindicato de CCOO.

La resolución entrará en vigor desde que se alcance la nueva normalidad, a partir del próximo día 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma, hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, según avanzó el sindicato, CSIF -mayoritario en la Administración del Estado, aunque no en la función pública- que precisó se trata de una modalidad «voluntaria y reversible».

La central sindical señaló que se trata de un acuerdo «pionero» en la organización del trabajo en España, así como en la conciliación de la vida familiar y laboral, que tendrá su continuación en la futura regulación del teletrabajo, que se empezará a negociar en julio con el equipo de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. «El acuerdo garantiza mantener la calidad en la prestación del servicio, además de la salud de los empleados público», comentó la ministra, tras la firma.

UN MÍNIMO DE UN DÍA / Esta resolución contempla cuatro días de trabajo no presencial y uno presencial para aquellas personas que tengan a su cargo hijos hasta los 14 años, o dependientes, así como aquellos con patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus.

Para el resto de personas, el sistema ordinario de trabajo será la modalidad presencial con la posibilidad voluntaria de, como mínimo, un día a la semana de teletrabajo. Según el acuerdo, la modalidad no presencial, que en ningún momento se denomina teletrabajo, tendrá carácter voluntario y podrá ser reversible por razones de carácter organizativo y de necesidades del servicio. «Se articulará por el titular de cada centro directivo, en los puestos de trabajo cuya naturaleza lo permita», destaca .

En el caso de que ambos progenitores o responsables sean empleadas o empleados públicos en activo, no podrán disfrutar de esta medida de forma coincidente. El personal en modalidad no presencial tendrá los mismos derechos y deberes que el resto del personal presencial.

Las personas que presenten síntomas compatibles con el covid-19, estén en aislamiento domiciliario o se encuentren en cuarentena, no deberán acudir a su centro de trabajo.

EL ‘NO’ DE CCOO / La propuesta no cuenta con el respaldo de CCOO, que es mayoritario en el conjunto de las Administraciones públicas. Según José Manuel Vera, secretario general de la función pública de ese sindicato, «CCOO no ha firmado el acuerdo, porque en realidad no es una regulación, sino una desregulación del teletrabajo». Ha señalado que la forma que se le ha dado al acuerdo asume que el pacto se mantendrá de forma indefinida y no mientras dure la pandemia, que es lo que la Administración había anunciado en su momento. «Desde el primer momento COCO dejó claro que este elemento era temporal y excepcional», hasta avanzar en la mesa de trabajo propuesta.

No ha habido otra respuesta que «pactarlo por la puerta de atrás con otros sindicatos», ha comentado Vera. COCO señala que en el acuerdo no se precisa quién podrá acogerse al teletrabajo. «Dependerá de los jefes de servicio decidirlo», afirmó. Tampoco se decide quién debe aportar los medios para el desempeño de la actividad, si la Administración o los propios trabajadores. «Hasta ahora han sido los funcionarios», afirmó.