Gas Natural no descarta tirar la toalla. La dirección de la compañía se reunirá hoy para analizar la decisión de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de vetar la oferta de compra lanzada por Gas Natural sobre Iberdrola, una decisión que ha levantado ampollas en Cataluña.
Sobre la mesa estará la posibilidad de recurrir la resolución, pues se puede llegar incluso hasta la Audiencia Nacional. Pero también se estudiará la eventual retirada de la OPA, según medios cercanos a la empresa, que anoche dejaban traslucir su impotencia ante lo que consideran una "cacicada".
El consejo de administración de la CNE ratificó su decisión de no autorizar la fusión con los votos de todos los vocales designados por el PP, entre los que está el presidente, Pedro Meroño, al considerar que la operación pone en peligro las inversiones previstas en las actividades reguladas. Y ello pese a que Gas Natural se comprometió a mantener el volumen de inversiones de 3.098 millones de euros (más de 515.000 millones de pesetas) previsto por ambas compañías hasta el 2006.
DECISION DE RATO
La resolución vincula la decisión final del Gobierno y deja el camino expedito al Ministerio de Economía para rechazar la operación. Si, finalmente, Gas Natural se retira, el ministro Rodrigo Rato verá cumplido su deseo de no tener que ser él quien decida sobre esta operación.
A pesar de anunciar su decisión, la CNE no dio a conocer ayer su contenido textual. Gas Natural remitió a la CNMV un hecho relevante en el que notificaba que, a pesar de que había sido suspendida su cotización en bolsa, a las seis de la tarde aún no había recibido ninguna comunicación oficial: "La seriedad, rigor y profesionalidad que desde hace más de 150 años caracterizan a Gas Natural obligan a esta compañía a esperar a conocer los fundamentos y los términos concretos de la resolución adoptada por la CNE para poder valorar adecuadamente esta decisión y tomar las acciones que considere oportunas".
Gas Natural "respeta la decisión de la CNE, pero no la entiende ni la comparte, ya que esta operación no suponía riesgo alguno para las actividades reguladas de Gas Natural e Iberdrola, y constituía un indudable impulso al proceso de liberalización del sector energético español".
La decisión de la CNE, en contra del criterio de los servicios técnicos del organismo regulador, levantó ampollas en medios políticos y empresariales catalanes. Sobre todo, en la Generalitat, aunque también el primer secretario del PSC, Josep Montilla, denunció "intereses claramente políticos" del PP en la decisión de la CNE.
"CONDICIONES POLITICAS"
El consejero jefe del Gobierno catalán, Artur Mas, afirmó que "profesional y técnicamente esta operación estaba bien planteada pero las condiciones políticas del momento no favorecen que estas cosas puedan salir". A su juicio, el hecho de que "a veces se intenten operaciones económicas de este alcance desde Cataluña no se entiende bien en el resto de España. No es el primer caso". Mas lamentó que "una empresa con sede en Cataluña no pueda hacer una operación de estas características que significaría radicar en Cataluña una de las grandes empresas energéticas en el mundo".
El consejero de Industria, Antoni Fernández Teixidó, también aludió a la politización de la CNE y a antecedentes tales como la última normativa sobre OPA y la posibilidad de limitar los derechos políticos de las cajas en las empresas en las que participan.
