Con un lenguaje formalmente moderado, Gas Natural lanzó ayer una carga de profundidad contra el Ejecutivo comunitario. Las siete semanas transcurridas desde que se presentara la documentación de la oferta pública de adquisición (OPA) de la gasística catalana sobre la eléctrica Endesa son un tiempo excesivo para resolver, según la empresa catalana. Y esa dilación "genera inseguridad jurídica y desconfianza".
La crítica lanzada por la compañía que preside Salvador Gabarró rompe el tono de ponderación formal mantenida por Gas Natural desde que decidiese a principios de septiembre hacer público su interés de compra de la primera eléctrica española.
Tras recibir la documentación relativa a ambas firmas, el departamento de Competencia de la Comisión Europea debe dictaminar sobre si la decisión final respecto a la OPA compete al Gobierno español o al de la Unión Europea (UE).
Las quejas se producen porque a la "excesiva demora" se añaden las maniobras de "los actuales gestores de Endesa" que el pasado 19 de septiembre llevaron a la Comisión Europea "más de 30 ajustes contables que alteran sus propias cuentas oficiales, auditadas y aprobadas por la junta general de accionistas", según la dirección de Gas Natural.
Si el 66,6% de los ingresos de Endesa en Europa tiene su origen en España, el Servicio de Defensa de la Competencia (del Ministerio de Economía y Hacienda) es el organismo que debe analizar los términos en los que Gas Natural compraría la eléctrica. Si el porcentaje es inferior, decidirá la comisaría de Competencia de la UE, Nelly Kroes.
Manuel Pizarro, presidente de Endesa, intenta demostrar que sólo el 64% de su facturación europea es de origen español, por lo que corresponde a los órganos comunitarios decidir sobre la viabilidad de la OPA.
VARIAS MODIFICACIONES Según señaló ayer Gas Natural en un comunicado oficial, los ingresos del grupo eléctrico obtenidos en España pasarían del 80,4% al 64%. "Los actuales gestores de la eléctrica presentaron a Bruselas más de 30 criterios modificativos a la contabilidad aprobada por sus órganos de gobierno y auditada por Deloitte y presentada a los mercados, en una interpretación interesada y no rigurosa del reglamento de control de concentraciones".
Según los datos de la gasística, extraídos de la auditoría de Deloitte y de la información presentada por Endesa a la CNMV española y la estadounidense SEC, con las modificaciones hechas ante Bruselas, la facturación de la eléctrica en España pasaría de 11.080 a 6.480 millones.
Endesa propone una diferente consignación de los ingresos de la prima del carbón o la deducción en la tasa por ocupación de vía pública. Pretende, según Gas Natural, "hurtar a las autoridades españolas su competencia en esta materia".
