Gobierno y oposición se acusaron ayer mutuamente de no querer asumir el coste político de la reforma, en especial en los puntos que no han sido incluidos en la propuesta del Ejecutivo, como el de los despidos con una indemnización de 20 días en las empresas que justifiquen seis meses de pérdidas. Así las cosas, José Luis Rodríguez Zapatero anunció en la ejecutiva federal del PSOE que acepta la propuesta del PP, y en menor medida de CiU, de tramitar el decreto como proyecto de ley, lo que significaría retrasar hasta noviembre su aprobación definitiva en las Cortes.
Este cambio de procedimiento, de acordarse, haría que el Consejo de Ministros diera luz verde mañana a un documento abierto que, pese a que entraría en vigor tras su convalidación en el Congreso el 22 de junio, se podría modificar y ampliar con las enmiendas posteriores de los grupos.
