La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, anunció ayer que el Gobierno no abordará la reforma fiscal de la vivienda hasta el año que viene, al tratarse de una cuestión que tendrá consecuencias en el ámbito "recaudatorio". El Ejecutivo socialista ha optado por aplazar los cambios en el tratamiento fiscal de la compra de los pisos para incluirlos dentro de la reforma fiscal general del 2005.
JUSTIFICACION Trujillo justificó esta decisión en los "efectos cruzados" que produce una reforma de este tipo en otros impuestos cedidos a las comunidades autónomas, como el de transmisiones patrimoniales, lo que hace necesario contar con el consenso de los "agentes sociales" y el resto de las Administraciones del Estado. "No se puede modificar de forma aislada la fiscalidad de la vivienda, sino que hay que englobarlo dentro de una reforma más amplia como la que aprobará el Gobierno", proclamó en su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.
Tras reconocer que en este asunto los miembros del Gobierno no se han "pronunciado siempre de la misma manera", Trujillo criticó que en la etapa del PP se favoreciera con medidas fiscales "la adquisición de la vivienda frente al alquiler, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países europeos".
BUSCAR EL EQUILIBRIO "Aquí no existen deducciones para los inquilinos, salvo en alguna comunidad autónoma", advirtió, antes de subrayar la necesidad de "buscar un equilibrio en relación con determinados impuestos, con el objeto de conseguir una neutralidad fiscal y converger con Europa".
Trujillo anunció que la empresa estatal SEPES cuenta ya con seis millones de metros cuadrados de suelo público para promover viviendas protegidas, lo que ha permitido la puesta en marcha de dos proyectos en Mieres (Asturias) y Madrid.
