Contra todo pronóstico, la tarifa eléctrica no subirá en julio. El Gobierno y el PP alcanzaron ayer un principio de acuerdo para negociar un pacto de Estado en materia energética con el único resultado visible, por el momento, de suspender el encarecimiento del precio regulado de la energía previsto para el mes que viene. Los bolsillos de las familias lo van a notar, porque se barajaba un alza de entre el 5% y el 7%. Con todo, la luz no quedará congelada, porque el IVA subirá del 16% al 18%.

El Gobierno planeaba en principio un encarecimiento del 3%. Para ello, había propuesto una subida de las tarifas de acceso del 10%. Se trata de la parte del precio final de la luz con que se paga el mantenimiento y uso de la red y otros componentes especiales, como las primas a las renovables o los costes de la moratoria nuclear. La propuesta era inferior al 12% de enero, mes en que la factura se encareció el 2,6% (89 céntimos al mes para un consumidor medio).

Sin embargo, la subasta en que se determina el coste de la energía (el 60% de la factura) que se celebró el miércoles dio como resultado un precio medio el 11,6% superior al de comienzos de año. El Gobierno tenía previsto eliminar costes incluidos en la factura, como el alquiler de los contadores, para que la subida final fuese menor, ya que la aplicación estricta de la subasta hubiera supuesto un encarecimiento de entre el 5% y el 7%. Pero el principio de acuerdo con el PP le ha ofrecido otra salida.

Las negociaciones entre el Ministerio de Industria y el principal partido de la oposición comenzaron en septiembre y estaban estancadas hasta que, en un reunión un par de días, el PP mostró su disposición a reanimar las conversaciones si el Gobierno aceptaba suspender la subida de la luz. Tras varias conversaciones el miércoles, el acuerdo se anunció por sorpresa ayer.

"Si vamos a hacer una profunda revisión de los costes del sistema, no tendría mucha lógica hablar de los ingresos la tarifa, que los queremos dejar para el final", argumentó ayer el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en una rueda de prensa sin precedentes junto al portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro.

Sebastián también dejó la puerta abierta a que el Gobierno se replantee su oposición a la energía nuclear, otra exigencia del PP. "Estamos en una situación económica muy difícil y hay que mirar al futuro sin líneas rojas", defendió sobre la posibilidad de que se revoque el cierre de la central de Garoña. Estos cambios también implican trabajar en el desarrollo de la seguridad nuclear por lo que la decisión final sobre la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) al que aspira Albalá (Cáceres) podría sufrir retrasos.