La crisis de la deuda ha dejado al descubierto algo más que los problemas de gobernanza de la zona euro. Las tensiones entre los países miembros son cada vez más evidentes, y el Gobierno no duda ya en señalar públicamente a un culpable de la actual situación. La raíz del problema, a su juicio, es la propuesta de que los acreedores privados asuman parte del coste de los rescates de países a partir del 2013.
"Hay que evitar las declaraciones extemporáneas", defendió ayer Elena Salgado, vicepresidenta económica. No mencionó a Alemania, principal impulsora de esta medida, pero no hizo falta. Como señaló su número dos, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, el Ejecutivo entiende que la "fuente fundamental de las turbulencias" es la cumbre del pasado octubre en que la cancillera alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, decidieron que los acreedores tendrían que cobrar menos de lo que le adeudan los estados en caso de rescate.
Para Salgado, las "intensas turbulencias financieras" responden a la "incertidumbre" que ha generado en los inversores esta decisión. Por ello, se felicitó de que los ministros europeos de Finanzas pactaran el fin de semana pasado que la participación del sector privado en los rescates será "solo en casos muy excepcionales". Una opción que, precisamente, defendieron el Banco Central Europeo (BCE) y España.
PROBLEMA COMUN En la inauguración del Tercer Encuentro de Directivos organizada por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) y la Fundació Príncep de Girona, la vicepresidenta recetó veladamente a Merkel "fortalecer el discurso europeo". Es necesario, defendió, porque los mercados no atacan solo a países concretos, sino al euro.
Salgado también achacó los problemas a la "avaricia de los especuladores a corto". Para combatirla, abogó por "seguir con la política de austeridad y reformas, así como con los esfuerzos para ser más transparentes en los ámbitos en los que los inversores plantean más dudas".
La vicepresidenta mantuvo que el Gobierno cumplirá "de manera estricta" el compromiso de reducir el déficit al 6% en el 2011, pese a que la Comisión Europea estima que se situará en el 6,4%. Incluso si la economía creciese menos de lo previsto por el Ejecutivo, planteó Campa en el Congreso, la desviación sería de unas "perfectamente manejables" décimas.
Salgado puso distancia con la crisis irlandesa. Las fusiones de cajas, recordó, han precisado 10.500 millones de euros en ayudas, una cantidad equivalente al 1,1% del Producto Interior Bruto (PIB) a devolver a cinco años con un interés del 7,75%. En Irlanda, contrapuso, el Estado ha destinado una cantidad equivalente al 20% del PIB a la banca.
Campa también se refirió a la petición formulada por líderes como el expresidente Felipe González o el portavoz José Antonio Alonso de que el BCE compre deuda española y portuguesa. El banco central, defendió, es "independiente" y "hará lo que crea que es mejor para el euro y la estabilidad financiera".
