El Gobierno, oficialmente, no tiene preferencia entre que las cajas de ahorro sigan como hasta ahora o se conviertan en bancos siempre que sean solventes.

Sus actos, sin embargo, apuntan en otra dirección. El Ministerio de Economía ha hecho llegar a las entidades financieras que está estudiando la posibilidad de que aquellas que no se transformen en una institución bancaria, así como las que tengan que ser nacionalizadas parcialmente, solo podrán desarrollar su negocio en sus comunidades autónomas de origen, según confirmaron ayer fuentes del sector.

Las organizaciones representativas de bancos y cajas todavía no han recibido ningún borrador del plan del Ejecutivo. Por ese motivo, las entidades interpretan el mensaje de Economía más como una medida de presión que como algo que se vaya a plasmar realmente en el papel del decreto.

MENSAJE A TRANSMITIR Sin embargo, el mensaje que se pretende transmitir es claro: hay que convertirse en bancos y el capital público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) debe ser la última opción.

En el Ministerio y en el Banco de España, recuerdan dichas fuentes, se cree que parte de los problemas de algunas de las entidades más débiles, como es el caso de Catalunya Caixa y las cajas gallegas, se debe principalmente a su expansión geográfica desaforada.

Con todo, destacan otras fuentes financieras y de la Administración, limitar la presencia de las cajas a su territorio de origen es legalmente muy difícil. En este sentido, podría vulnerar la libre competencia y la libertad de empresa y, de forma paralela, provocar un serio problema judicial al Gobierno.

En lo que coinciden todas es en que Isidre Fainé, presidente de La Caixa y de la patronal de las cajas (CECA), está manteniendo contactos con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para tratar de disuadirla de que fije unos requerimientos de capital básico distintos para bancos y cajas. Su argumento se basa en el hecho de que sería una discriminación que dañaría a la libre competencia.

Según lo anunciado por la ministra Salgado, su idea es reclamar un 8% al conjunto del sector y entre un 9% y un 10% a las cajas que no coticen o incluyan inversores privados y en las que la financiación mayoristas supere el 20% de la total.

INICIO DE NEGOCIACION Representantes de Salgado han comenzado a mantener contactos con los grupos parlamentarios. El objetivo de Economía es aprobar el decreto a mediados de febrero con el máximo consenso posible. En este sentido, las cajas confían en que su presión y la falta de apoyo político puedan obligar al Gobierno a abrir la mano en algunos puntos, como el de que las cajas que vayan a salir a bolsa tengan de plazo hasta diciembre para capitalizarse, en lugar de hasta marzo.

En un guiño al sector, Salgado rechazó cambiar la ley hipotecaria para que la entrega de la casa valga para saldar el crédito.

Por su parte, los bancos más grandes, apuntan otras fuentes, están presionando para que el concepto de capital básico que se aplique sea similar al actual y no al mucho más restrictivo de los nuevos requisitos de solvencia, que les penaliza.