El Consejo de Ministros ha aprobado por fin este martes la creación de un banco de pruebas, más conocido como 'sandbox', para el desarrollo de nuevos productos y servicios tecnológicamente innovadores de banca, seguros y otros negocios financieros. Las empresas que reciban la autorización para participar en el mismo podrán beneficiarse de unos menores requisitos regulatorios y supervisores que los habituales, pero el Ministerio de Asuntos Económicos ha asegurado que serán controladas de cerca para garantizar la protección de los consumidores y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
"Es al sector financiero lo que los ensayos clínicos al médico", han resumido fuentes del departamento dirigido por Nadia Calviño. La creación de esta 'caja de arena', según la traducción directa del inglés de una palabra que hace referencia a los areneros de juego de los niños, es una vieja aspiración tanto de las entidades tradicionales como de las nuevas firmas tecnológicas ('fintech'). El Gobierno de Rajoy empezó a preparar la iniciativa y el Ejecutivo de Sánchez presentó el pasado febrero un anteproyecto, que decayó por la convocatoria de las elecciones.
El proyecto de ley para la transformación digital del sistema financiero aprobado ahora por el Ejecutivo deberá ser convalidado por el Congreso, pero Economía estima que no debería provocar "polémica política" y que este mismo año alguna empresa podría haber recibido ya la autorización para operar en el 'sandbox'. Las fuentes del ministerio han destacado que, tras el 'brexit', España se convertirá en el único país grande de la Unión Europea que contará con uno de estos bancos de prueba, con lo que prevé que sirva para "atraer capital, talento e incluso proyectos extranjeros". También han asegurado que Italia, Portugal, Colombia y el Banco Mundial se han interesado por la iniciativa.
PROTOCOLO
Una vez aprobada la ley por las cortes, el Tesoro tendrá un mes de plazo para abrir la convocatoria de presentación de los proyectos empresariales (un proceso que en principio prevé repetir semestralmente). Una vez recibidos y en función de su naturaleza, los derivará a los organismos supervisores financieros (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros), que deberán comprobar en hasta dos meses si realmente son proyectos de "innovación tecnológica y con valor añadido". Posteriormente, la comisión de coordinación formada por Economía y estas instituciones determinará qué proyectos son aceptados y cuáles son rechazados.
Los que pasen ese filtro, tendrán entonces hasta tres meses para negociar con los supervisores un protocolo que recoja elementos como la duración del proyecto (no pueden ser por tiempo ilimitado), el número de consumidores (que habrán tenido que identificar previamente) o el volumen máximo de operaciones previstas. Una vez concluido su paso por el 'sandbox', la compañía deberá presentar una memoria informativa, que servirá a las autoridades para analizar si hay barreras regulatorias o supervisoras que convenga retirar para fomentar la innovación.
Para proteger a los consumidores, el Gobierno ha determinado que deberán firmar un documento en el que den su consentimiento informado a participar en los proyectos, así como que contarán con el derecho de desistir en cualquier momento de formar parte de los mismos. Asimismo, se ha establecido la responsabilidad que tendrán los promotores de las iniciativas y las garantías que deberán presentar para demostrar que pueden asumirla. El seguimiento supervisor será estrecho, según Economía, y permitirá a las autoridades suspender el permiso para operar en el 'sandbox' en caso necesario.
