El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos decretos ley para "aflorar la desigualdad salarial" y contribuir a erradicarla. Así lo han presentado las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz, e Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa posterior, en la que han dado cuenta de la obligatoriedad de que las empresas tengan un registro salarial y accesible para los trabajadores y de que tengan redactados e inscritos sus planes de igualdad. La voluntad del Ejecutivo es la de aumentar las herramientas necesarias para detectar y denunciar focos de potencial discriminación dentro de las empresas. "No va existir recuperación económica si no cerramos la brecha", ha declarado Montero tras el cónclave del Gobierno.

Las medidas aprobadas este martes en Consejo de Ministros saldrán publicadas presumiblemente este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y las empresas tendrán un margen de seis meses para darles cumplimiento. De no ser así, las compañías podrán ser sancionadas ante una intervención de Inspección de Trabajo, que sale normativamente reforzada con estos decretos. "A partir de hoy, se acabó que un hombre y una mujer puedan recibir retribuciones diferentes. Se acabó, esto desaparece de nuestra formulación jurídica", ha declarado Díaz.

Las sanciones por carecer de un registro salarial o de un plan de igualdad registrado pueden variar en función del criterio interpretativo de la Inspección, pues no existe tipificación específica en la normativa. Pueden ir desde una falta leve, por carencia de una obligación documental y sancionable con entre 60 y 625 euros; hasta una falta grave, por no cumplir las obligaciones en materia de planes y medidas de igualdad y multable con entre 626 y 6.250 euros.

La nueva normativa aprobada este martes por el Ejecutivo da a la falta de un registro salarial el rango de indicio de posible discriminación por razón de género. En caso de que detrás de esa falta de registro salarial la Inspección pudiera acreditar dicha discriminación, esta esta considerada la vulneración de un derecho fundamental y puede ser sancionada con entre 6.256 y 187.551 euros; según ha explicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.