El Consejo de Ministros autorizó hoy a Enel a ejercer plenamente sus derechos políticos en Endesa, pese a contar con participación pública, con la única condición de que informe al Gobierno sobre los aspectos de su estrategia corporativa que afecten a la seguridad del suministro energético en España.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que el Ejecutivo ha seguido la recomendación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que aconsejó con condiciones que se levantara la restricción que pesa sobre los derechos de la eléctrica italiana.
La reseña del Consejo explica que la autorización se refiere únicamente al ejercicio de los derechos políticos por las acciones de Endesa adquiridas y comprometidas por Enel, que representan el 24,9 por ciento del capital de la eléctrica española.
Si la italiana supera en el futuro el umbral del 24,9 por ciento, algo previsible dado que ha presentado una opa junto a Acciona por el cien por cien de Endesa, deberá comunicarlo y recibir una nueva autorización. Enel tiene directamente el 9,9 por ciento de Endesa y se ha asegurado el control de un 14,98 por ciento adicional mediante derivados financieros contratados con los bancos UBS y Mediobanca.
María Teresa Fernández de la Vega afirmó que el Gobierno ha impuesto a Enel "la única obligación" de informar sobre los acuerdos, decisiones y actuaciones corporativos que adopte que afecten a "intereses esenciales de la seguridad pública" de España.
El Gobierno considera que esta notificación, que deberá efectuarse con carácter previo, es necesaria para "garantizar el suministro de la energía a los ciudadanos", explica la reseña.
La recomendación de la CNE
En su informe no vinculante, el Consejo del regulador energético pedía que se implantara un "derecho de veto ex-post" para proteger los intereses públicos españoles cuando "de forma suficientemente motivada y a la vista de la información recabada, éstos se pongan en riesgo por decisiones de Enel".
Sin embargo, tras estudiar las recomendaciones de la CNE, el Gobierno ha tenido en cuenta "la necesidad de impulsar una política energética consecuente con las directrices de la UE" que instan a eliminar los obstáculos a la libre circulación de capitales, según indica la reseña.
La denomina acción de oro, que permitía vetar la adquisición de compañías de sectores estratégicos, fue declarada ilegal por el Tribunal de Luxemburgo y el Gobierno la suprimió.
Además, la Comisión Europea (CE) ha recurrido ante los tribunales la denominada Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento para el año 2000, conocida como "Ley Rato", limita al 3 por ciento los derechos políticos de compañías extranjeras con capital público que tomen participaciones relevantes en empresas energéticas españolas.
