El Gobierno está adoptando medidas preventivas para evitar que la decisión del Consejo de Ministros de aprobar un nuevo impuesto digital (tasa Google) hoy, tal como adelantó este diario, active represalias arancelarias contra los coches españoles por parte del Gobierno de EEUU. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, explicó ayer que ella misma ha informado de la iniciativa tributaria a su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, «como buena socia leal». «Él tomó nota», aclaró González Laya en declaraciones ante los periodistas antes de incorporarse al Consejo de Ministros de Exteriores, en Bruselas.

«Lo mismo hizo la vicepresidenta económica (Nadia Calviño) con su homólogo, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EEUU, como se debe hacer siempre que uno hace un movimiento de este tipo», añadió la titular de Exteriores antes de precisar que en todo caso, «se trata de una información, no de una negociación». Calviño y Mnuchin coincidieron en el Foro Económico de Davos, en enero pasado.

AMENAZA CONTRA LOS COCHES / Precisamente fue en Davos donde el propio presidente de EEUU, Donald Trump, y su secretario del Tesoro, amenazaron con un gravamen arancelario del 25% a los automóviles procedentes de los países que adopten una tasa digital de forma unilateral, al margen de los trabajos en marcha de la OCDE.

Calviño explicó, por su parte, que una vez que el Parlamento apruebe el nuevo tributo, este no se liquidará hasta finales del año 2020, en lugar de hacerlo trimestralmente, como establecía el proyecto de ley inicial. Así lo anunció la ministra de Economía antes de incorporarse, en Bruselas, a la reunión con sus colegas de la zona euro, en el Eurogrupo. «No se trata de una suspensión del impuesto, sino de una liquidación al final del año», afirmó; de este modo «veremos cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional», agregó la titular de la cartera de Economía.De aquí a final de año, Calviño espera que la organización de países desarrollados OCDE pueda promover un acuerdo internacional sobre la puesta en marcha de un nuevo sistema de fiscalidad internacional que evite que la iniciativa española quede señalada como una decisión unilateral.

Este mismo fin de semana Calviño prevé participar en Riad (Arabia Saudí) en la reunión de ministros de Economía del G-20 donde se repasarán los trabajos en marcha de la OCDE para el desarrollo de la fiscalidad digital y de una imposición mínima para las grandes multinacionales, en uno y otro caso, de todos los sectores productivos.

«Nosotros estamos absolutamente alineados con las acciones que se han desarrollado en el ámbito comunitario. Seguimos los debate internacionales. Todos estamos comprometidos con el desarrollo de un marco normativo adecuado para estos servicios digitales en los próximos meses y no tiene por qué haber ningún tipo de reacción negativa con esta acción por parte del Gobierno español, un proyecto de ley que se enviaría cuanto antes», dijo Calviño. En su reunión de este martes, el Consejo de Ministros prevé aprobar los proyectos de ley correspondientes al nuevo impuesto sobre determinados servicios financieros y el gravamen sobre transacciones financieras, según ha confirmado la ministra Calviño.

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluía la aprobación de ambos impuestos, con los que el Ejecutivo espera recaudar unos 2.050 millones de euros. El nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, la tasa Google, gravará previsiblemente aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. El Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros y el resto, con la tasa Tobin.