El Gobierno ha convocado para el próximo 26 de enero la primera subasta renovable en cuatro años, tras la última celebrada en julio de 2017, con un cupo objetivo de 3.000 megavatios. Al menos 1.000 megavatios se destinarán a tecnología fotovoltaica y otros 1.000 megavatios a eólica terrestres, quedando el resto de potencia a subastar sin restricción tecnológica, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica.
La apertura del plazo para la entrega de documentación será el próximo martes 16 de diciembre de 2020 y podrán participar en la subasta las instalaciones nuevas o ampliaciones de instalaciones existentes que estén situadas en el sistema eléctrico peninsular y cuyo sistema de almacenamiento, en caso de disponer de él, sea empleado exclusivamente para almacenar la energía producida en la instalación.
Las pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía producida y el volumen de producto adjudicado a una misma empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50% del total (1.500 MW). El precio percibido por las instalaciones se obtendrá a partir del precio resultado de la subasta corregido con cierta exposición a mercado. La resolución establece el porcentaje de ajuste de mercado en un 25% para las tecnologías con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad.
El plazo máximo de entrega de la energía comprometida es de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestres y marina e hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos.
La resolución establece la obligatoriedad de que los participantes en la subasta presenten un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena de valor industrial local, regional y nacional. Incluyendo un análisis sobre el porcentaje que representa la valoración económica de la fabricación de equipos, suministros, montajes, transporte y resto de prestaciones realizadas por empresas localizadas en los citados ámbitos territoriales, en relación con la inversión total a realizar, indica el texto.
Además, se deberá incluir una estrategia en el ámbito de la economía circular, en relación al tratamiento de los equipos al final de su vida útil, y el análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida útil de las instalaciones.
