Dos estafadores chinos fueron ejecutados el miércoles por apropiarse de inversiones de sus clientes, atraídos por las promesas de altos intereses. A escala infinitesimal, las estafas se asemejan a la de Bernard Madoff. Las sentencias tienen un aroma ejemplarizante, en un contexto de psicosis por mantener la paz social.

En EEUU, Obama se escandaliza por los desmanes de Wall Street y sus directivos renuevan sus bonificaciones; se escandalizan los miles de afectados por Madoff y ninguno de sus familiares o socios es encausado. La alarma social se combate mejor sin la división de poderes. En China todo empieza y acaba en el Partido Comunista, ligero de ataduras para mantener el orden social, calmar a las masas y hacer llegar el mensaje. El Tribunal Supremo justificó la dureza de las penas porque habían "dañado seriamente el orden financiero nacional y la estabilidad social".

Du Yimin, de 44 años, presidía la boyante Compañía Yichcheng Investment Management. Estafó más de 70 millones de euros. Entre el 2003 y el 2006, Du prometía intereses muy ventajosos (del 1,8% hasta el 10% mensual), que debían llegar de los activos de la compañía (salones de belleza, cosméticos, bienes inmuebles y negocios de minería). Sus clientes no tardaron en recibir largas cuando pretendían recuperarlos. Du lo gastó casi todo en compras de apartamentos, coches y bienes de lujo. Más de 12 millones de euros siguen perdidos.

Si Chaxian engañó a más de 300 personas con promesas de intereses del 18% al 108% anual. Las autoridades tan solo han podido recuperar 2,5 millones de euros de los 16,7 totales. En ambos casos, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del tribunal provincial de Zhejiang.

Amnistía Internacional documentó el año pasado 1.700 ejecuciones en China. La cifra total es secreto de Estado, pero se calcula que son varios miles. Pekín ha reducido en los últimos tiempos las condenas a muerte entre un 10% y un 15%, según los expertos. Las autoridades han repetido que debe ser aplicada restrictivamente, reservándose solo a los casos más extremos. La clave en la reducción de ejecuciones es una reforma legal del 2006 que obliga al Tribunal Supremo a ratificar las dictadas por tribunales provinciales.

Las ejecuciones se suelen reservar a los delitos violentos. Solo cuando el volumen de la estafa o la alarma social son mayúsculos se dictan en delitos económicos. Cuatro años atrás se especuló con su erradicación, pero el Gobierno de Hu Jintao, que ha convertido la lucha contra la corrupción endémica en uno de sus caballos de batalla, aclaró que "no reflejaría la realidad del país".

OBJETIVO EJEMPLARIZANTE Uno de los principales motivos de protestas en China son los desmanes de los poderes locales. Las ejecuciones por delitos económicos suelen tener un propósito ejemplarizante. La caza a los banqueros corruptos se endureció cuando Pekín intentaba sanear un sector putrefacto y hacerlo más competitivo antes de abrir la puerta a la competencia extranjera. Dos trabajadores de un banco fueron ejecutados por un desfalco que gastaron en billetes de lotería, convencidos de que ganarían el premio gordo y podrían devolver el dinero antes de ser descubiertos. Faltó alarma social; incluso en internet obtuvieron simpatías por su falta de luces, pero les condenó el montante: cinco millones de euros.

En los últimos años han sido ejecutados por corrupción el vicepresidente del Congreso Popular Nacional, Cheng Kejie, y el gobernador provincial de Anhui, Wang Huaizhong. Esta semana ha sido ejecutado Li Peiying, director del Aeropuerto de Pekín, por aceptar sobornos.