El Consejo de Ministros aprobó hoy un Real Decreto que congela hasta 2012 el recibo de la luz a través de un nuevo bono social del que se podrán beneficiar potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios (kW), familias numerosas, perceptores de pensiones mínimas y hogares con todos los miembros en el paro, anunció hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. En total, cinco millones de hogares y 14,5 millones de personas podrán beneficiarse de esta medida, cuyo coste asumirán las compañías eléctricas como parte de su acuerdo con el Ministerio de Industria para poner fin al déficit de tarifa. Este déficit surge de los costes reconocidos de generación de las compañías eléctricas menores a sus ingresos, y ha crecido desde 2000 hasta generar una deuda de 16.000 millones, de los que quedan por pagar 14.000 millones. Este déficit, que pagan los consumidores a través de la tarifa, ha sido desde hace meses objeto de negociaciones entre Industria y las eléctrica. En virtud del acuerdo final con las compañías, el Gobierno avalará en 2009 hasta 10.000 millones de euros del déficit tarifario pendiente de titulizar, y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asumirán gradualmente hasta 2012 los costes de producir electricidad en Canarías, Baleares, Ceuta y Melilla, valorados en 1.300 millones. Además de costear el bono social, las compañías eléctricas deberán pagar los costes derivados de la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado, cuyo coste alcanza los 2.700 millones de euros. Enresa seguirá gestionando estos residuos, que ya no deberán ser costeados por los consumidores. "Vamos a acabar con una deuda tarifaria que estaba poniendo en riesgo la seguridad de suministro", afirmó De la Vega en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, en la que aseguró que la medida, "pendiente desde hace tiempo", será "muy positiva". El Gobierno sostiene que el decreto aprobado hoy para resolver el déficit tarifario garantiza la sostenibilidad del sistema eléctrico y articula mecanismos de protección para los consumidores más vulnerables. Bono social El Gobierno explica que la bonificación en la factura eléctrica será financiada por las empresas titulares de instalaciones de generación, y que cubrirá la diferencia entre la nueva Tarifa de último Recurso (TUR) y una tarifa de referencia que se llamará tarifa reducida. El bono se aplicará de forma automática a las potencias inferiores a 3 kW en la primera residencia, esto es, a unos cuatro millones de personas, mientras que los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros parados deberán solicitar acogerse a esta modalidad. Avales de Estado El Gobierno entiende que el déficit de tarifa supone una "restricción al crédito" que dificulta su financiación, impide la competencia, afecta negativamente a las inversiones de las eléctricas y entorpece que los ciudadanos reciban una señal adecuada de precios para adaptar su consumo. Además, el Ejecutivo dice haber dotado al sistema, gracias a los avales, de un mecanismo de financiación "robusto" en un sector "fundamental" para la economía, y afirma que la implantación del mismo debe ser "rápida" para que tenga eficacia inmediata. Para garantizar la financiación del déficit y acabar con el problema de liquidez de las eléctricas, los derechos de cobro se cederán a un fondo de titulización de nueva creación, cuyo gestor será elegido por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Este fondo emitirá valores relacionados con el déficit reconocido y pendiente de cesión a terceros por un máximo de 10.000 millones este año. Al mismo tiempo, el Estado avalará los derechos de cobro generados entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012 que se cedan al fondo. El Ejecutivo asegura que la creación del fondo permitirá una gestión eficiente de la deuda que actualmente tiene el sistema eléctrico, acotará el déficit que pueda surgir hasta 2013 y garantizará que a partir de ese ejercicio no se produzcan más desajustes. Registro para las renovables
Por último, el real decreto crea un registro de preasignación de retribución para las instalaciones del régimen especial (renovables y cogeneración) con el objetivo de hacer un seguimiento de la evolución de la potencia instalada y asegurar que se cumple el requisito de que el consumidor cuente con una energía a un coste razonable y que la evolución tecnológica de estas fuentes de generación permita una reducción gradual de sus costes y su competencia con las tecnologías de producción eléctrica convencionales. El Gobierno entiende que este registro, que permanecerá abierto hasta que se alcance el cien por cien del objetivo de potencia marcado en la legislación vigente, permitirá alcanzar de forma ordenada los objetivos de energías renovables fijados por la Comisión Europea para el año 2020. Todos los titulares inscritos en el registro recibirán la retribución establecida en la ley, incluso en el caso de que en el momento de la apertura del registro se supere el cien por cien de la potencia instalada prevista, por lo que la medida, señala, otorga "estabilidad al sector" y garantiza "la necesaria seguridad jurídica". En cuanto al sector del gas, el decreto modifica la Ley de Hidrocarburos y designa a Enagás transportista único de una parte de la red primaria de transporte.
