La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, intentó ayer calmar los ánimos de los internautas, después de que se conocieran los detalles de la ley de economía sostenible que, al menos sobre el papel, contempla la desconexión de la red como medida contra la piratería. "No se va a cortar internet a ningún usuario en ningún caso", dijo la ministra, que intervino en la sesión de control al Gobierno del Senado.

Sinde insistió en la versión que ya ha dado en otras ocasiones de que solo se actuará frente a quienes exploten y se apropien de los derechos ajenos, es decir, contra las webs de descargas que se lucran de obras de las que no tienen permisos (canciones, películas y otros archivos). España no seguirá el ejemplo de Francia y el Reino Unido, que sí prevén perseguir a los particulares, sino que ha desarrollado "un modelo distinto". La ley prevé el bloqueo de las webs de descargas ilícitas que se beneficien de ellas.

UNA COMISION La ministra añadió que la lucha contra la piratería en España respetará los requisitos del Parlamento Europeo, es decir, que habrá un procedimiento administrativo --solo administrativo-- con plenas garantías. El órgano designado para esta misión será una Comisión de Propiedad Intelectual, compuesta por expertos independientes, y dependiente del Ministerio de Cultura. Es decir, no será un juez el que decida las medidas contra los que vulneren la propiedad intelectual.

Uno de los debates más intensos en Bruselas giró precisamente en torno a la necesidad o no de un fallo judicial para luchar contra la piratería. El texto aprobado por el Europarlamento la semana pasada decía que no es obligatoria la intervención del juez para cortar el acceso a internet. En España, la comisión de expertos que analice cada caso decidirá si es necesaria la intervención del juez si hay indicios penales. La comisión también tendrá funciones de mediación y arbitraje.

MODIFICACION DE LA LSSI La alarma sobre la posible desconexión de los usuarios de la red se activó ayer, tras la publicación del contenido del anteproyecto de ley de economía sostenible, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Una de las disposiciones finales del borrador introduce una modificación de la LSSI (ley de servicios de la sociedad de la información) que abre la puerta a esta medida para evitar la piratería. Hasta ahora, la LSSI permitía interrumpir la prestación del servicio si se atentaba contra cuatro principios: la salvaguarda del orden público (investigaciones penales, defensa nacional), la protección de la salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y la protección de la juventud y la infancia. La ley de economía sostenible añade otro supuesto: la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.