El Gobierno adeuda a las eléctricas 3.502,17 millones de euros (582.684 millones de pesetas). Esta abultada cifra corresponde al déficit que se generó el año pasado por la insuficiencia de los ingresos por la tarifa regulada para cubrir los costes, según la liquidación de diciembre hecha por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La suma se acerca a la estimación de las compañías (unos 3.600 millones), que ya han anotado en sus cuentas del año pasado.

El Ejecutivo admitió, al aumentar una media del 4,48% el recibo de la luz para este año, que existía déficit, pero no fijó una cantidad. Su objetivo es aplicar una nueva subida en julio, pero que estará alejada del 15% al 20% que quieren las eléctricas, según fuentes oficiales.

El Ministerio de Industria tiene la opción de diferir la liquidación a lo largo de 10 años. De hecho, el Gobierno del PP estableció en el 2003 un precedente al reconocer un déficit de tarifa de más de 1.500 millones correspondientes al 2000 y 2002. Las compañías lo convirtieron en títulos negociables a cuenta de los derechos de cobro. Los consumidores aún pagan plazos de ese desfase a través de la factura.

EL 40% DE LO RECAUDADO Pero antes que la tarifa, Industria pretende acometer "una reforma profunda" para evitar que siga generándose déficit. De seguir sin cambios, este año se acumularía un desfase superior a 6.000 millones, en torno al 40% de los ingresos totales del sistema en un año. Sólo en enero, se situó ya en 900 millones de euros.

No se descarta que el Gobierno opte por dejar la tarifa como un precio social y que permita que el resto de clientes se someta al mercado. Pero, para ello, hay que modificar la operativa de la generación, dominada por Endesa e Iberdrola; y que el precio mayorista del kilovatio --aquel al que se vende a las distribuidoras y comercializadoras-- se configure a través de las reglas del mercado, explica Jordi Dolader, exconsejero de la CNE.

"Es evidente que los precios deben reflejar el aumento del coste de las materias primas, como el petróleo o el gas", agrega. Por eso ve posible que el Gobierno use los costes de producción hidráulica y nuclear como referencia para fijar una tarifa social para los usuarios con menor poder adquisitivo. Dolader considera que "se ha acabado el escenario de precios baratos", por lo que "la electricidad se encarecerá más," a través de mayores impuestos u otras vías.

Hasta el 2005, las compañías podían equilibrar el déficit con los costes de transición a la competencia (CTC), creados para compensar al sector por la introducción de competencia. El Gobierno no ha reconocido este año los CTC en la tarifa.