La llamada acción de oro del Gobierno en Endesa y en Telefónica ha desaparecido de forma definitiva tras la publicación, el sábado, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de la ley por la que se deroga el último vestigio de intervención del Ejecutivo en las empresas privatizadas. La acción de oro o golden share ya solo estaba presente en la eléctrica que preside Manuel Pizarro y en la operadora de telecomunicaciones encabezada por César Alierta. La de Endesa vencía el 8 de junio del 2007 y la de Telefónica, el próximo 18 de febrero.
En el resto de empresas privatizadas ha ido desapareciendo este mecanismo de control, por el que el Estado se reservaba la última palabra (a través de un régimen de autorización administrativa previa) ante determinados actos, como la venta a terceros de paquetes significativos del capital. El 6 de febrero venció la golden share de Repsol, y la de Iberia desapareció el 3 de abril. Antes, finalizaron las golden share de Indra y Argentaria.
SENTENCIA EUROPEA El Gobierno no tenía más remedio que derogar la ley 5/1995 del 23 de marzo. Una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del 13 de mayo del 2003, la declaró ilegal. El 5 de julio del 2005, ya con el Gobierno socialista, la Comisión Europea amenazó con sancionar a España y en noviembre, el Ejecutivo aprobó el proyecto de ley para derogar la acción de oro . Tras tramitarse en el Parlamento, fue aprobado el 5 de abril y publicado en el BOE el 27 de mayo.
El Gobierno argumenta que la estabilidad de las empresas privatizadas --que el régimen de la acción de oro pretendía preservar-- "está hoy día asegurada y no se aprecian riesgos significativos para regular el desarrollo de sus actividades". Todo ello --añade-- "obliga a cuestionar la necesidad de mantener la vigencia del mismo en un momento en que su finalidad ha quedado ya suficientemente cumplida".
CARTAS EN LA MANGA Sin embargo, el Gobierno aún conserva algunas cartas en la manga, que le permiten cierto margen de intervención sobre empresas --privatizadas o no-- de sectores estratégicos. A raíz de la contraopa de la alemana E.ON sobre Endesa, el Gobierno aprobó en febrero un decreto ley que refuerza las facultades de la Comisión Nacional de Energía (CNE) a la hora de autorizar o no operaciones de concentración empresarial que afecten al "interés general" o a activos considerados "estratégicos". La Comisión Europea ha abierto a España un expediente sancionador por esta norma.
Además, el anteproyecto de ley de Defensa de la Competencia reserva al Consejo de Ministros la última palabra, por razones "de interés general", en determinadas operaciones de concentración empresarial.
