El vicepresidente económico, Pedro Solbes, advirtió ayer de que el Gobierno no va a tratar de "impedir artificialmente el necesario ajuste en la construcción". Más allá de las medidas dispuestas por el Ejecutivo para impulsar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) y la rehabilitación, agilizar la licitación de obra pública y ayudar a la recolocación de parados, Solbes se mostró ayer contrario a adoptar medidas excepcionales. "Hay que tener claro que el sector ha acumulado ciertos excesos en años anteriores y que estos debe ser corregidos para que la construcción pueda volver a crecer con normalidad", afirmó en la Comisión de Economía del Congreso.

Aunque admitió que el ajuste de la construcción tiene un "efecto arrastre" sobre otros sectores, opinó que el impacto sobre el crecimiento económico "será transitorio" y que la recuperación económica comenzará en la segunda mitad del 2009.

INICIATIVAS EMPRESARIALES En un año, el paro en la construcción ha subido en 115.000 personas, las ventas de viviendas nuevas han caído el 13,6% y se calcula que existe más de medio millón de inmuebles nuevos sin vender. Los empresarios han propuesto múltiples medidas, a veces de manera formal --como la idea de aumentar las deducciones fiscales o la de convertir el estoc de viviendas libres en protegidas-- y otras, a modo de globo sonda . Pero Solbes descartó un rescate "artificial" del sector.

El propio Ministerio de Vivienda se ha visto obligado a desmentir que haya decisión alguna sobre la propuesta de convertir el estoc de vivienda libre en protegida. La ministra Beatriz Corredor ha pedido "que las propuestas de promotores y constructores no se utilicen para influir en la política del ministerio".

Ayer, en la Comisión de Economía, el portavoz del PP, Cristóbal Montoro, defendió una mayor deducción fiscal para los compradores de vivienda, que fue descartada por Solbes.

FONDO DE RESERVA La última idea que podría servir de apoyo al sector inmobiliario es la de permitir que el fondo de reserva de la Seguridad Social pudiera invertir en deuda emitida por bancos y cajas. La idea ha surgido del sector financiero y, según fuentes de las cajas y de la banca, serviría para inyectar liquidez a las entidades que lo podrían prestar a familias y empresas, incluidas las inmobiliarias.

Según el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, la ley del fondo de reserva solo permite invertir en deuda pública y cualquier reforma legal debería hacerse por consenso, y nunca para "desvirtuar" su fin esencial.