Ni ahora, ni en esta legislatura. Pese a las presiones del PP y de la patronal de las cajas (CECA), el Gobierno no va a modificar la ley que regula estas entidades de ahorro. "Lo descartamos. No está en el horizonte", sentenció ayer la vicepresidenta de Economía, Elena Salgado.

El Ejecutivo ha ido variando su posición. En un principio, estudió modificar la normativa para reducir el peso político en los órganos de gobierno de las cajas y quitar a las autonomías la competencia de aprobar las fusiones interregionales para dársela al Banco de España. El gobernador, Miguel Angel Fernández Ordóñez, también planteó dotar de derechos políticos a las cuotas participativas para favorecer que las entidades puedan captar recursos.

La oposición de los partidos nacionalistas y los ejecutivos autonómicos controlados por el PSOE (principalmente Cataluña y Andalucía) a ceder competencias, y de los sindicatos a cualquier reforma que suene a privatización, ha obligado al Ejecutivo, primero, a aplazar y, luego, a descartar estos planes. "Había peticiones para modificar la ley, pero no nos parece necesario", remachó Salgado.

La vicepresidenta resaltó que los poderes de las autonomías y del Banco de España quedan vigentes. Es decir, que las comunidades autónomas tendrán la opción de vetar las fusiones de sus cajas. En caso de intervención, sin embargo, todas las competencias son del Banco de España, "como ponen de manifiesto varias sentencias del Tribunal Constitucional".

En respuesta, el presidente del Partido Popular afirmó que su grupo, con el que el Gobierno ha negociado la reordenación del sector, mantendrá una "posición constructiva" respecto al fondo, pero no se privó de criticarlo. "No es lo que queremos, es un parche, no es la ley que hay que hacer", apuntó Mariano Rajoy.

"AMPLIO CONSENSO" Salgado, enojada, le acusó de haber pedido la modificación de la ley de cajas para evitar la intervención política al tiempo que ampara la "gran interferencia" en Caja Madrid. Con todo, la vicepresidenta se mostró confiada en lograr un "amplio consenso" con los grupos políticos.

La comisión rectora del fondo, añadió, estará presidida por el subgobernador del Banco de España y estará formada por cinco representantes del supervisor y tres de los Fondos de Garantía de Depósitos.

El subgobernador acudirá a dar explicaciones a la Comisión de Economía del Congreso dentro del mes siguiente a cada intervención y el secretario de Estado de Economía dará cuenta cada tres meses de la gestión del fondo en el mismo escenario.

El fondo contará con una dotación de 9.000 millones de euros, de los que el Estado aportará 6.750 millones y los tres fondos de garantía pondrán 2.250 millones. Además, podrá endeudarse hasta 90.000 millones, aunque este año el tope será de 27.000 millones.