El Gobierno invertirá 30 millones de euros en su Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 y convocará 833 plazas nuevas en cinco años para reforzar la Inspección de Trabajo, que incrementará su plantilla en un 25%. Con el refuerzo anunciado -367 plazas en procesos abiertos y 466 en futuros-, la plantilla ascenderá a 2.709 funcionarios, frente los 1.876 con lo que cuenta actualmente la Inspección.
Así lo anunció ayer la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que presentó las 75 medidas que engloba el citado plan -55 actuaciones de la Inspección y 20 medidas organizativas- y dos planes de choque contra la temporalidad y la parcialidad, que se pondrán en marcha el 1 de agosto.
Se trata del plan contra la explotación laboral que ya anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de junio, que luego se renombró como Plan Director por un Trabajo Decente por el malestar de la patronal, y que ayer se presentó como Plan Director por un Trabajo Digno, en consonancia con las denominaciones que utiliza la ONU y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
DERECHOS Y SALARIOS / Entre los objetivos de la iniciativa Valerio detalló «la recuperación de los derechos laborales perdidos durante la crisis y la lucha contra el fraude laboral que da lugar a una competencia desleal», así como recuperar «salarios dignos y condiciones de trabajo justas, igualdad laboral entre hombres y mujeres y un trabajo seguro». Paralelamente, aseguró que la Inspección de Trabajo se encargará de investigar «los falsos contratos temporales, combatir la brecha de género y la utilización de falsos autónomos por parte de los empresarios, y las falsas cooperativas».
El plan también establece la creación de una herramienta digital destinada a que la Inspección de Trabajo pueda acceder a las bolsas de fraude laboral de forma directa, ya que contará con una conexión con los datos fiscales y de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La dotación del Plan Director por un Trabajo Digno se dividirá en 15 millones que se harán efectivos el año que viene y otros tantos para el 2020. Al respecto, y haciendo referencia al rechazo del Congreso al techo de gasto, la ministra refutó que esta ampliación presupuestaria sea una temeridad: «Se trata de una inversión y no de un gasto». Así, puso como ejemplo que el año pasado se hicieron «un millón de actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo que se tradujeron en una recaudación de 1.215 millones de euros». En este sentido, adelantó que esta nueva iniciativa intensificará las acciones y hará aflorar «muchos cientos de miles de puestos de trabajo irregulares», así como aumentar la recaudación de la Seguridad Social.
Las acciones dentro de este plan tendrán un seguimiento semestral en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Rector y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo. Por su parte, los planes de choque se evaluarán en enero del 2019, y el Plan Director en su conjunto en julio del 2020.
La aprobación de esta medida se produce un día después de que Trabajo y los agentes sociales pactaran en la Mesa de Diálogo Social la constitución de cinco mesas de trabajo, en las que se priorizará la lucha contra la economía sumergida, la formación, la calidad del empleo y las prestaciones para parados, entre otras cuestiones. Magdalena Valerio también anunció que acometerán la creación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Precisamente, los sindicatos reiteraron ayer su advertencia por lo que entienden que es una falta de medios y recursos del Plan. UGT señaló que, a pesar de que comparte las líneas generales del planteamiento del Gobierno, observa «una cierta diversidad en cuanto a su contundencia y una falta clara de medios». CCOO coincidió con el Ejecutivo en la identificación de los problemas pero añade que falta «concreción en las medidas» y en los plazos de actuación y recursos.
