El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el anteproyecto de ley de desindexación de la economía, que desvincula las actualizaciones de las rentas y precios públicos del índice de precios al consumo (IPC). De este modo, la revisión de los precios regulados deberá estar justificada por la evolución de los costes del servicio en lugar de por la inflación, como hasta ahora. Los contratos públicos también se desligan de la inflación.
Estarán afectados por esta norma, por ejemplo, las concesiones de autopistas, la bombona de butano, los billetes de metro o autobús, el abono de telefonía o las tarifas reguladas de Renfe, ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Según el Ejecutivo, el objetivo es que el sector público contribuya a la estabilidad de precios, como ya se hace con el acuerdo de moderación salarial y reformas como la de las pensiones. Al no actualizar los precios públicos en base al IPC, el Ejecutivo estima que se evitarán los efectos de segunda ronda en la economía, que generaba tensiones inflacionistas. Según Guindos, cuando menos indexada sea la economía, "mayor es la competitividad".
La norma se aplicará a todas las Administraciones Públicas --central, autonómica y local-- y será voluntaria para el sector privado. El Gobierno prevé que la ley tenga un "amplio efecto en las economías familiares", ya que los bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 36.000 millones de euros anuales. Y también supondrá un ahorro de costes para las Administraciones Públicas, según Guindos. Quedan excluidos de esta norma la negociación salarial colectiva (en el sector privado y público), las pensiones y los instrumentos financieros.
