El número dos del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, justificó ayer el despido barato con 20 días de indemnización por una caída de los beneficios con el fin de garantizar la continuidad de las empresas. La modificación se ha convertido en el eje de la ley de reforma laboral que se aprobará hoy en el Congreso. Ante la avalancha de críticas desde los sindicatos y los partidos de izquierda, la mano derecha del presidente Zapatero decidió, con sus declaraciones, revestir de toda autoridad la propuesta del grupo parlamentario socialista que hoy se votará en la comisión de trabajo.

Esta propuesta señala que se podrá despedir cuando se desprenda una "situación negativa" en una empresa derivada de "la existencia de pérdidas, la falta persistente de liquidez o la disminución relevante de beneficios". Según Blanco, se garantiza que las empresas en dificultades sigan su actividad "para que en el futuro puedan volver a contratar". Pero aseguró que "en ningún caso se pierden derechos en la indemnización".

Esta medida, que tiene la aceptación inicial del PP, pretende, según el vicesecretario general del PSOE, "introducir alguna flexibilidad que garantice la viabilidad de las empresas y, por tanto, el empleo".

Los líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, cargaron contra los partidos que ayuden al "mayor retroceso de los derechos de los trabajadores" en la democracia llevado a cabo por una fuerza de izquierda.

BUFETES SATISFECHOS "No sé a dónde pretende llegar el Gobierno", afirmó Toxo, que prosigue junto a Méndez el recorrido para explicar las razones de la huelga general del 29 de septiembre. Los líderes sindicales advirtieron de que "de la resignación a la crispación hay un paso".

Por el contrario, la redacción de la causa económica de despido ha satisfecho a los bufetes de abogados que representan a empresas. Para Rafael Ortiz, socio director de Garrigues, es una enmienda "de un calado importante que facilitará la aprobación de expedientes de regulación sin acuerdo y con una indemnización real de 20 días". La incógnita será, según Manel Hernández, socio director de Sagardoy, "cómo se concreta ante el juez el término relevante y el tiempo exigido para que las pérdidas puedan justificar un despido".