El Gobierno ha elevado el valor mínimo por el que pueden adjudicarse los inmuebles subastados al 60% del precio de tasación, y ha bajado del 30 al 20% el depósito previo necesario para participar en una subasta, con el objeto de facilitar la presencia de más pujadores. Se trata de una de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en cumplimiento de la resolución para proteger a los afectados por ejecuciones hipotecarias, aprobada por todos los grupos del Congreso de los Diputados tras el debate sobre el estado de la nación. De este modo, según ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras el Consejo de Ministros, se evita que los precios de los inmuebles subastados "caigan y caigan", con el consiguiente perjuicio para el dueño de la vivienda, que deberá aún más dinero a la entidad financiera. El artículo 670 de la ley de enjuiciamiento civil establecía que la adjudicación del inmueble al mejor postor en una subasta o a la entidad financiera no podía ser inferior con carácter general al 50% del valor de tasación, a menos que la cantidad ofrecida, aun siendo menor, sirviera para cubrir la deuda reclamada (incluyendo intereses y costas). Además, se ha aprobado otra de las medidas ya detalladas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate: que la cantidad inembargable del sueldo en estos procesos hipotecarios subirá a 961 euros, es decir, sumando un 50% al salario mínimo interprofesional (SMI), que es de 641 euros. Este importe se incrementará un 30% adicional del SMI por cada miembro del grupo que no disponga de ingresos propios regulares, lo que significaría que en el caso de que haya dos miembros en esta situación la cantidad ascendería a 1.350 euros.
