El ingreso mínimo vital echa a andar hoy. Aprobado en el Congreso por una amplia mayoría y sin ningún voto en contra, la primera renta mínima de carácter estatal en la historia de España se puede solicitar desde hoy. El compromiso del Gobierno es que llegue ya de oficio y lo puedan cobrar a final de este mismo mes cerca de 250.000 personas. Esto representa unas 75.000 familias. El Gobierno pretende mitigar así la pobreza en España, que aumenta por la actual emergencia sanitaria, y sus consecuencias en la economía. Antes de la pandemia afectaba a 12 millones de personas.
El ingreso mínimo vital que cobrarán esas 250.000 familias es una primera cobertura que sustituirá la actual prestación por hijo a cargo. Una vez desplegada en los próximos meses, esta renta mínima podría distribuirse entre 2,3 millones de personas, unas 850.000 familias.
La expectativa que ha despertado entre la ciudadanía española es elevada, tal como muestran las primeras consultas telemáticas a las oficinas de la Seguridad Social. En la primera semana un total de 4,5 millones de personas habían hecho uso del simulador web habilitado para calcular si cumplían los requisitos para solicitar la prestación, según confirman desde el ministerio dirigido por José Luís Escrivá.
Pese a empezar hoy y hacerlo con un amplio consenso entre los partidos políticos y los agentes sociales, varios son los flecos que todavía quedan pendientes por definir sobre este nuevo derecho. Los expertos consultados alertan de que su actual definición y dotación económica (3.000 millones de euros) solo cubre a aquellas familias en situación extrema.
Los sindicatos advierten de los problemas que puede generar su gestión, ante la alta demanda esperada y la falta de efectivos. Queda también por concretar el papel de las comunidades autónomas en su despliegue y hasta qué punto podrá el Gobierno pactar con estas incentivos suficientes para que la nueva prestación no se convierta en una trampa para la pobreza.
¿Quién podrá pedirla?
El ingreso supondrá un suelo de ingresos de entre 462 y 1.100 euros al mes por hogar, en función del número de miembros. La voluntad manifestada por el Gobierno es que esta sea una prestación que incentive el movimiento. Es decir, que ayude a los destinatarios a encontrar un empleo y, al mismo tiempo, que facilite dejar de depender de la ayuda asistencial. Debe asegurar un mínimo de recursos a aquellos que no tengan posibilidad de encontrar un trabajo digno.
El objetivo del Ejecutivo es llegar a dar cobertura a 2,3 millones de personas; las más desfavorecidas de entre los 12 millones de personas en España que viven en riesgo de exclusión social. «Es un primer paso y en la buena dirección, pero hay que revisar y repensar esos umbrales para ser más ambiciosos», considera la economista y fundadora de Ksnet, Elena Costas.
¿Cómo se solicitará?
El planteamiento dispuesto por Escrivá al diseñar el ingreso mínimo vital es que la dificultad y las trabas burocráticas para el ciudadano sean mínimas. Únicamente se debe presentar la solicitud, en el actual estado de confinamiento de manera electrónica, y acreditar la edad y la situación familiar. La carga de trabajo se desplaza a los empleados de la Seguridad Social. Un volumen «bastante fuerte de entrada y que viene para quedarse», señala el responsable de la central sindical CSIF, José Manuel Moreno. Y que llega con las plantillas mermadas tras una década sin apenas oposiciones públicas. «Tememos un problema acuciante, como ha pasado con el SEPE a la hora de gestionar los ertes», añade el responsable sindical.
Fuentes de Seguridad Social explican que han habilitado una bolsa voluntaria de horas extras para dar salida a esa nueva carga de trabajo y que también dispondrán de refuerzos para la atención telefónica y el apoyo a la tramitación, pero que estos serán «puntuales y excepcionales para la puesta en marcha», según concretan esas fuentes.
¿Será compatible?
Trampolín para acceder al empleo
El ingreso será compatible con el empleo, aunque este no será obligatorio. Sí estar dado de alta como demandante de trabajo. Una de las principales incógnitas que quedan por despejar es hasta que punto el Gobierno incentivará esos nuevos ingresos laborales. Es decir, hasta qué punto un euro más ingresado del salario se convertirá en un euro menos de prestación. La voluntad de Escrivá es que se habilite un margen para no desincentivar a los trabajadores a rechazar un empleo o a cobrar en negro. «Esto no puede significar un freno y el Gobierno debe estudiarlo en la negociación colectiva y con las comunidades autónomas», opina el economista de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz.
¿Y la coordinación?
Cooperación entre administraciones
El ingreso mínimo vital es la primera renta mínima a nivel estatal, pero no la primera en España. Todas las autonomías disponían ya de programas similares, a los que destinaban hasta ahora 1.500 millones de euros, la mitad del presupuesto dispuesto por la Seguridad Social. Algunas como País Vasco o Navarra asumirán desde el primer día la competencia, otras, como Cataluña, está pendiente de definir.
«La cooperación entre administraciones va a ser clave. Tal como está ahora no existe la garantía de que las comunidades autónomas sigan destinando los mismos recursos que destinaban hasta ahora a combatir la pobreza», señala Conde-Ruiz. «Cada comunidad deberá priorizar donde tiene las bolsas de pobreza. Cataluña debería compensar la vivienda con algún tipo de complemento», añade Costas.
