El impuesto sobre el patrimonio puede tener los días contados. El tributo cedido a las autonomías se convertirá en un gravamen solo para grandes fortunas, con escala progresiva, y el Gobierno estudia incluso la posibilidad de eliminarlo. En la actualidad, España es uno de los tres únicos países del mundo que conservan esta figura tributaria, junto con Francia y Suecia. Finlandia, Noruega y Luxemburgo la suprimieron en el 2006.
El PSOE prevé reconvertir el impuesto en lo que tenía que ser desde el principio: un tributo censal para controlar las variaciones patrimoniales. Para ello habrá que elevar su mínimo exento --desfasado por la inflación patrimonial de los últimos años--, por encima de los 108.182,18 euros actuales y el mínimo de hasta 150.252,03 en la vivienda habitual. El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, admitió la necesidad de un "replanteamiento de esta figura tributaria".
Los cambios se incluirán en el marco de la nueva financiación autonómica, cuyas líneas generales deben estar dibujadas antes de agosto del 2008. No se excluye que las negociaciones empiecen tras las elecciones locales y en 13 autonomías del próximo 27 de mayo.
COMPENSACION ECONOMICA Inmaculada Rodríguez Piñero, secretaria de Política Económica del PSOE, explicó a este diario que solo existen dos alternativas para el impuesto del patrimonio: "una reforma en profundidad" e incluso la "supresión", ya que el hecho de que solo exista en otros dos países supone un "elemento para la reflexión". Recuerda que este tributo registró un aumento de recaudación de apenas el 23% entre 1999 y el 2004, mientras que otro gravamen cedido a las autonomías, el impuesto de transmisiones patrimoniales, acumuló un alza superior al 150%.
El impuesto del patrimonio, con unos 900.000 declarantes, recaudó en el 2005 unos 1.202 millones de euros, lo que revela su reducida capacidad de ingresos. Las comunidades apenas han empleado su capacidad normativa sobre el tributo.
Joan Maria Gimeno, de la Asociación Española de Asesores Fiscales, afirma que la mayoría de expertos abogan por suprimirlo. "Para que siguiera habiendo un control o censo bastaría con una declaración informativa", dice.
Pero, en el debate sobre la competencia fiscal entre autonomías "hay que hablar de ingresos y también de gastos", destaca Rodríguez Piñero. Las comunidades gobernadas por el PP iniciaron la pugna territorial con la práctica supresión del impuesto de sucesiones. Los socialistas defienden un impuesto de sucesiones con mínimos exentos más altos. Los populares abanderan la supresión, pese a que existe en casi todo el mundo.
