Una vía para contener o abaratar los alquileres es limitar sus rentas. Otra es aumentar la oferta, que está muy por debajo de la media europea. El Gobierno optará por la segunda fórmula mediante los arrendamientos asequibles en colaboración con el sector privado. Para ello prevé regular una series de especialidades del derecho de superficie o concesión demanial (afectados para el uso y servicio público) destinadas en exclusiva a la promoción de vivienda de alquiler asequible, según contempla un borrador de decreto ley del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al que ha tenido acceso el Periódico de Catalunya.
El texto, muy extenso, establece numerosas medidas, no solo para el sector de la vivienda, sino también para el transporte, así como para mejorar la seguridad sanitaria tanto por parte de las aerolíneas como en los aeropuertos. El borrador ha de pasar por la comisión de subsecretarios antes de ir al Consejo de Ministros y podría sufrir algunos retoques, pero de índole técnica, según las fuentes consultadas
DONDE SE DEMANDE / A juicio del sector, una regulación específica para este tipo de viviendas sacaría al suelo de la ecuación de costes y permitiría construir vivienda con alquileres sociales no allí donde sea asequible sino donde se requiera.
El decreto es el envoltorio legal del plan que prepara el ministerio para el desarrollo y rehabilitación de vivienda asequible de alquiler, que está dotado con 2.000 millones de euros y que anunció recientemente el secretario de Estado de Transportes y Movilidad, Pedro Saura. Ese plan pretende impulsar la creación de 221.000 puestos de trabajo, según las previsiones fijadas por el propio Gobierno.
Vivienda prevé una inversión de 2.000 millones para los próximos dos años en lo que denomina plan de rehabilitación de viviendas, que formará parte del plan de inversiones y reformas 2020-2022 que el Gobierno de España planteará a la Unión Europea con la intención de captar ayudas procedentes del fondo europeo de reconstrucción nacido de la crisis económica derivada de la pandemia.
De este fondo, se espera que España pueda obtener hasta cerca de los 140.000 millones de euros. Fuentes consultadas señalan que la definición final del plan dependerá de los fondos que se obtengan.
EL BORRADOR / En el ámbito de la vivienda, el borrador del decreto prevé la creación de instrumentos de colaboración «entre las distintas administraciones públicas para ampliar el parque de viviendas en régimen de alquiler asequible o social». Establece que «se considerará oneroso, aunque en su título de constitución no se contemple el abono de canon o precio, el derecho de superficie o concesión demanial que tenga por finalidad la promoción del alquiler asequible o social constituido como consecuencia de la colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada».
Cuando se trate de proyectos en los que colaboren diferentes administraciones o entidades dependientes o vinculadas, el instrumento administrativo que se emplee para formalizar la colaboración, que se ajustará a la normativa autonómica de vivienda y suelo, podrá tener una duración de 80 años.
A su vez, de acuerdo con la normativa autonómica de aplicación de viviendas destinadas al alquiler asequible o social «podrán tener la consideración de viviendas de protección pública». Los terrenos de la Administración General del Estado o entidades vinculadas destinados a estos fines revertirán a esta «una vez extinguido el acuerdo por el vencimiento de su plazo de duración, libres de condiciones o cargas modales».
POR VÍA DE URGENCIA / En la exposición de motivos se justifica la regulación de esta actividad mediante un decreto ley, que requiere «urgente y extraordinaria necesidad», en que es preciso «incrementar el parque de viviendas destinadas a alquiler asequible para responder a la necesidad de amplios grupos de población que se encuentran en situación de vulnerabilidad». Y esta fórmula de colaboración público-privada es la manera de hacerlo, agrega.
La colaboración público-privada para el alquiler asequible es una de las propuestas que ha articulado la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval), a través de su presidente, Joan Clos, exalcalde de Barcelona.
Según sus estimaciones, esta colaboración permitiría construir hasta 1,5 millones de viviendas con rentas asequibles.
La fórmula lleva años practicándose en Euskadi y Navarra. De hecho, algunas otras comunidades autónomas han mostrado interés en desarrollar la colaboración público-privada para el alquiler asequible, según fuentes del sector. Es el caso, por ejemplo, de Madrid o la Comunidad Valenciana, afirman las mismas fuentes.
