Sensación agridulce en Abertis. El ministerio de Fomento ha ganado tiempo para posibles negociaciones y no tendrá que compensar a la compañía por los 2.061 millones que reclama por la AP-7 al menos hasta que venza la concesión en agosto del 2021. El Tribunal Supremo ha decidido no entrar en el fondo del tema hasta que acabe el contrato de explotación.

En cambio, el alto tribunal ha rechazado otra compensación de 785 millones de euros que exigía la empresa controlada por la italiana Atlantia y ACS a Fomento por la pérdida de tráfico que considera que sufrió en el tramo de la misma autopista, la AP-7, entre Tarragona y Alicante y en la AP-4 Sevilla-Cádiz por las vías libres de peaje construidas en sus alrededores. Son dos vías que a finales de este año concluyen su contrato de explotación con la compañía y, por lo tanto, levantarán sus barreras de peaje y volverán al Estado.

En el fallo, con fecha de 22 de mayo y que adelantó Cinco Días, el Supremo concluye que el concesionario de una autopista «no tiene derecho a una determinada configuración de las obras públicas en el área donde se ubica la vía». «En más de 40 años en los que la concesionaria lleva explotando las autopistas no puede pensar ni pretender que las infraestructuras viarias en el entorno de los 500 kilómetros de longitud que suman continúen sin desdoblarse, sin cinturones que rodeen las ciudades y otras medidas de mejora», argumenta la sentencia.

El alto tribunal apunta, además, que de las 36 infraestructuras alternativas que, según Abertis, se han construido en los alrededores de sus vías, «22 no se han puesto en servicio o están en proyecto y otras siete son obras de competencia regional».

Este fallo judicial en contra se conoce al tiempo que el emitido sobre los 2.061 millones que el grupo también exige por otro trazado de la AP-7, los tramos de la vía en Cataluña que gestiona a través de la filial Acesa: Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo.

En este caso, el Supremo fallará cuando concluya la concesión, lo que da margen para la negociación. El grupo reclama que se le reconozca el menor tráfico sobre el contabilizado tal como se estipuló en un acuerdo que firmó en 2006 con el Gobierno.