Las organizaciones que representan al trabajador por cuenta propia se han levantado en pie de guerra contra la decisión del Gobierno de gravar con un 3% las facturas que los autónomos emitan a otras empresas. La intención del Ministerio de Hacienda es impedir la compra de facturas falsas, pero los autónomos consideran que esta medida hace pagar a justos por pecadores y provocará un incremento de la inflación.
El Ministerio de Economía y Hacienda sostiene que este cambio tendrá un efecto muy limitado, porque no hay más de 130.000 autónomos que suelan emitir facturas a otras empresas. En este universo estaría incluido el sector del transporte de mercancías, las mudanzas y determinados trabajos de la construcción, explica el ministerio.
Fuera de este colectivo, Hacienda entiende que la emisión de este tipo de facturas debería ser algo casual a menos que se dedique a entregarlas para que otro pueda desgravar su importe y defraudar al fisco. Como el sistema de módulos establece una cantidad fija al año, el autónomo que emite una factura falsa sale indemne.
Pero el presidente de la ATA, Lorenzo Amor, no está de acuerdo. Opina que se verán afectados, en mayor o menor cuantía, los 1,4 millones de autónomos que declaran por módulos. El secretario general de la UPTA, Sebastián Reyna, asegura que esta tasa la "sufrirán" directamente 300.000 trabajadores.
