Tras hacerlo con sindicatos y patronales, el Gobierno y las organizaciones de trabajadores autónomos dieron ayer el pistoletazo de salida al diálogo social de esta legislatura. Y a la primera mesa a la que se han sentado los máximos representantes de ATA, UPTA y Uatae ha sido a la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con quien iniciaron las conversaciones. El portazo a la figura del «autónomo digital» y la posible extensión del subsidio de paro a los autónomos que estén sin actividad y tengan más de 52 años (como ya rige para los asalariados) fueron los principales temas abordados durante la mañana de reuniones.

En la mesa de ayer no se habló, al menos directamente, de subir o bajar bases y tipos de cotización o de reformar las principales prestaciones. La configuración del nuevo Gobierno de coalición se materializó con la separación de las competencias de Seguridad Social de las de Trabajo. Y esos temas, «los gordos», como los definieron fuentes presentes en la negociación, deberán abordarse con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escivá. Para la primera mesa de diálogo social con el antiguo presidente de la Airef todavía no hay fecha, según confirmaron fuentes del ministerio; aunque los representantes confían en que no pase de la primera semana de febrero.

Una reforma vinculada a prestaciones que sí reclamaron las organizaciones a la ministra Díaz es extender una protección a los trabajadores por cuenta propia que se queden sin actividad con 52 años o más. Es similar al subsidio que expandió entre los asalariados Pedro Sánchez en la anterior legislatura. Este estaría vinculado a fondos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), que todavía depende de trabajo.

El trabajador autónomo económicamente dependiente (Trade) digital fue una propuesta lanzada durante la anterior legislatura por ATA y pretendía dar y clarificar la cobertura legal a, entre otros, plataformas de la economía digital, como Glovo o Deliveroo. Yolanda Díaz, tanto antes como después de ser nombrada ministra, se ha mostrado en contra de la interpretación de que trabajadores como los riders sean autónomos y siempre ha defendido que deberían ser asalariados.

Y así se lo transmitió a las organizaciones de autónomos. La lucha contra los falsos autónomos, vía Inspección de Trabajo (que sí continúa formando parte de las competencias del Ministerio de Trabajo), será otra de las prioridades del ministerio durante la legislatura.

Pese a que subir o bajar los tipos y bases de cotización será una cuestión a abordar con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, los líderes de ATA y UPTA quisieron dejar claro que van a presentar frontal resistencia a cualquier subida de las bases de cotización. Aquellas en función de las cuales los autónomos pagan a final de mes su cuota y que quedaron definidos en un acuerdo plurianual rubricado en diciembre del 2018-.

NUEVA REVISIÓN / La base mínima de cotización históricamente ha estado vinculada al salario mínimo interprofesional (SMI), algo que se rompió el año pasado, cuando el Salario Mínimo Interprofesional subió a 900 euros. Entonces la base mínima de los asalariados aumentó hasta los 1.050 euros y la de los autónomos se quedó en 944. Tras la nueva subida del SMI a 950 euros, la base sube a 1.108 y los representantes de los autónomos temen que el nuevo Ejecutivo pretenda una nueva revisión. ATA y UPTA están dispuestos a hablar de una subida de tipos, adaptada a la inflación, pero no de bases. «La vaca no da más leche», declaró el presidente de ATA, Lorenzo Amor, a la salida de la reunión.

Uatae, por su parte, pone el foco en la reforma de las cotizaciones según los ingresos y, hasta entonces, apuesta por una «subida muy moderada». Los representantes de los trabajadores temen que una subida de las obligaciones con la Seguridad Social se traduzca en un freno para el empleo del colectivo. El 2019 no ha sido un buen año en este sentido para los autónomos, pues según la Encuesta de Población Activa publicada el martes, los ocupados autónomos crecieron en menos de 10.000 personas (+0,24%); hasta los 3,1 millones.