El Gobierno permitirá a E.ON quedarse con las centrales nucleares, las de carbón y las térmicas que son propiedad de Endesa si prospera la opa que el gigante alemán tiene presentada sobre la eléctrica española. Solo le exigirá que los sistemas extrapeninsulares (Canarias y Baleares) sigan gestionados por las filiales de Endesa, como sucede en la actualidad.

Así se recoge en la respuesta del Ejecutivo al recurso de alzada que presentó E.ON en agosto, en el que solicitó la anulación de 10 de las 19 condiciones que le impuso la Comisión Nacional de Energía (CNE) para comprar la firma española.

En el texto entregado por la abogacía del Estado al Ministerio de Industria se propone anular las ventas obligatorias que imponían las condiciones 9, 10 y 11. Se refería a la gestión en las nucleares en las que participa Endesa, a los sistemas energéticos de Baleares y Canarias y a la venta de centrales de carbón. El Gobierno imponía la venta de las térmicas de Compostilla, el complejo eléctrico de Teruel y la partipación en Anllares. Respecto de la central nuclear Ascó I, propiedad al 100% de Endesa, se obligaba a los alemanes a vender todo el capital.

CUMPLIR LA LEY Los servicios jurídicos del Estado mantienen que "E.ON tiene obligación de cumplir con todo el ordenamiento jurídico español" y con las agrupaciones de gestión económica que gestionan las nucleares españolas. Por ende, debe asumir también los protocolos internos de actuación de estas agrupaciones.

Industria mantendrá el veto de la CNE a Endesa si E.ON es comprada por una tercera compañía. Se trata de la condición 17, la llamada acción de oro , idéntica a la que el Gobierno alemán mantiene sobre la gasística Rurhgas en caso de que E.ON se vendiera a capital extranjero. La firma alemana no pidió la derogación de esta medida.

La CNE ya no podrá revocar la autorización a la compañía alemana puesto que queda derogada su capacidad de "revocación", en caso de "incumplimiento de las condiciones y obligaciones". Esta medida, que se recogía en la condición 16, imponía la suspensión de los derechos de voto.

Fuentes jurídicas explicaron ayer que la respuesta al recurso de alzada --y a los recursos también de Endesa, Iberdrola, Gas Natural y la Asociación de Accionistas de Empresas Energéticas-- se ha elaborado teniendo en cuenta la "supremacía del derecho comunitario". En cuanto a la ratio de endeudamiento de Endesa, deberá mantenerse durante tres años.