La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado este viernes que el Gobierno contará con las propuestas de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo para "abordar las reformas necesarias para darle sostenibilidad al sistema" de la Seguridad Social. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Pacto de Toledo es el punto donde discutir propuestas, y poner en común distintas visiones y aproximaciones para abordar la reforma de las pensiones en el horizonte del corto y medio plazo.
Entre estas propuestas, se planteará la medida anunciada el jueves por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de compatibilizar el cobro del 100 % de la pensión de jubilación con el salario (actualmente es posible hacerlo percibiendo el 50%). Esta medida formaba parte del acuerdo que alcanzó el PP con Ciudadanos el pasado agosto con el objetivo de "favorecer el envejecimiento activo y la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación".
Además de la reforma de la Seguridad Social, la vicepresidenta ha indicado que "hay un elemento clave de trabajo en esta legislatura" y es "seguir avanzando en la creación de empleo" como principal garantía del sistema público de pensiones. Así, ha recordado que en el 2011, por cada nuevo pensionista, se iban al paro tres trabajadores (lo que daba un resultado neto de -4 cotizantes), mientras que ahora, por cada nuevo jubilado, encuentran empleo siete trabajadores (con un saldo neto de +6 cotizantes). Es decir, "estamos en positivo y tenemos que preservar la recuperación y la creación de empleo, como elemento básico para la sostenibilidad del sistema público de pensiones".
RESPUESTA SINDICAL
Como sea, la de Báñez, es una propuesta que no acaba de encontrar 'feed back' entre los sindicatos. UGT ha afirmado que compatibilizar el 100% de la pensión con un empleo, no tendrá ningún impacto en el sistema de pensiones y que podría ser regresivo. La secretaria de políticas sociales, empleo y seguridad social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha calificado de "demagógica" la propuesta, puesto que con un 21% de paro, "se pretende que trabajen más los que están en posición de salida de trabajo", de forma que se "pervertirán" los pilares del sistema y se "eliminarán" la posibilidad del relevo generacional.
En este contexto, el sindicado ha apuntado que la medida del Gobierno es "cortoplacista", ya que no aborda los problemas de financiación ni el déficit de la Seguridad Social. Por su parte, Barrera ha subrayado que no va a consentir un escenario en el que las pensiones no den para vivir. Asimismo, ha recordado que existe una mayoría parlamentaria en contra de la reducción de la cuantía de las pensiones que pretende el Gobierno del Partido Popular (PP).
Por su parte, CCOO ha señalado que se trata solo "una medida coyuntural" pero que no garantiza la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. En un comunicado, el sindicato ha asegurado que esta propuesta "esconde el verdadero debate de la necesidad de adoptar medidas concretas que aumenten de forma suficiente y sostenida los ingresos del sistema, actuando sobre las cotizaciones sociales y los impuestos".
El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, ha calificado de "precipitada" la propuesta del Gobierno y ha advertido que esta medida pondría obstáculos a la entrada de los jóvenes en mercado laboral y a que ciertos trabajadoras "abusen" de esta posibilidad. Garamendi ha afirmado que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, debería haber consultado con los agentes sociales antes de lanzar esta propuesta. "Solo sé lo que he leído en el periódico pero, así a bote pronto, creo que con esta medida se estarían poniendo trabas a que la gente joven entre en las empresas", según Garamendi.
