El Gobierno mantiene sus planes de privatizar Bankia pese al preacuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para formar un nuevo Ejecutivo liderado por los socialistas, según confirmado fuentes del mismo a este diario. El partido liderado por Iglesias lleva años proponiendo convertir la entidad nacionalizada en un banco público de forma permanente, y así lo incluía en su último programa electoral, pero sus nuevos socios no tienen intención de ceder en este punto y solo apuestan por reforzar el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La posición del Ejecutivo en funciones supone un alivio para la entidad encabezada por José Ignacio Goirigolzarri, de la que el Estado posee un 61,8% del capital. Tras el anuncio la semana pasada del pacto alcanzado por Pedro Sánchez e Iglesias, sus acciones cayeron con fuerza en bolsa (un 8,3% en tres sesiones) por las dudas de los inversores sobre el futuro de la entidad. La propuesta de Podemos incluye cesar al actual presidente y que una mayoría de tres quintos del Congreso elija un sustituto «que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país».

RECUPERAR EL MÁXIMO / Sin embargo, Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones y futura vicepresidenta económica si PSOE y Unidas Podemos logran apoyo parlamentario para formar Gobierno, dejó claro desde que asumió el cargo a mediados del 2018 que no comparte esa postura. La exfuncionaria europea apuesta por la privatización, a la que también insta la troika (Comisión Europea y Banco Central Europeo) como mejor forma de «reforzar el sistema bancario español», según reiteraron las autoridades comunitarias el pasado julio.

Calviño, eso sí, puntualizó en los últimos meses que «no hay prisa» por vender y que su principal objetivo es recuperar el máximo dinero posible de los 24.069 millones inyectados al grupo. La entidad, defendió en agosto, está «bien gestionada, con un equipo muy profesional y con unos resultados financieros muy en línea con el resto del sector», por lo que no hay «presión para tomar esa decisión y menos si puede ser perjudicial para los españoles».

El problema es que la cotización bursátil de los bancos lleva hundiéndose desde hace años por los tipos oficiales de interés negativos con los que el Banco Central Europeo (BCE) trata de evitar la desaceleración económica de la zona euro. A Bankia le ha golpeado de forma especia por no tener negocio internacional (como Santander y BBVA) y por el elevado peso de las hipotecas en su balance, frente a otras entidades que tienen una mayor proporción de negocios como seguros (CaixaBank) o crédito a empresas (Sabadell). El banco nacionalizado ha caído el 72% en bolsa desde que los tipos entraron en negativo en junio del 2014, frente al 52% del Santander, el 51% del BBVA, el 42% de CaixaBank y el 57% del Sabadell.

Al cierre de ayer, así, la participación del Estado en Bankia apenas valía unos 3.275 millones de euros. Que el Gobierno vendiese sus acciones en el mercado, como el Ejecutivo de Rajoy hizo en el 2014 y el 2017, conllevaría ahora por tanto la pérdida de 17.711 millones en ayudas (descontado los 3.083 millones que el banco ha pagado a su matriz, BFA, que es 100% pública).

RETRASAR EL PLAZO / Como el BCE volvió a bajar los tipos en septiembre, las perspectivas para su evolución bursátil no son positivas para los próximos dos años. El Gobierno puede volver a retrasar el plazo máximo para privatizarla, actualmente fijado a finales del 2021, como ya se hizo en diciembre del 2016 y el mismo mes del 2018. Sin embargo, la opción de venderla o fusionarla con otra entidad va ganando fuerza debido a la situación de la bolsa.

Por el tamaño de Bankia, una operación de este tipo solo sería posible en España para Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell. Los gestores de Bankia confiaban hace años en seguir en solitario, pero comienzan a aceptar que una operación corporativa puede ser la mejor vía para privatizarla. Como suelen reconocer los banqueros, todos hablan con todos sobre posibles integraciones, si bien la entidad presidida por Ana Botín parece en principio que sería la menos interesada pues aun está digiriendo la compra del Popular.

La venta en metálico a una entidad mayor como BBVA o CaixaBank supondría, en principio, una menor recuperación de ayudas. Una fusión entre iguales con el Sabadell (su valor en bolsa es similar) mediante un intercambio de acciones, en cambio, permitiría valorar las dos entidades según su valor intrínseco, no solo el bursátil, y facilitaría al Estado mantenerse en el capital con una participación más diluida e ir vendiendo más adelante, cuando suba la acción. El Sabadell lo ve con buenos ojos. Cualquier operación, en cualquier caso, pasa por un nuevo Gobierno y el visto bueno del BCE.