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La protesta del sector primario

El Gobierno pone coto a los precios bajos y a la ‘venta a pérdidas’

Los intermediarios deberán pagar por encima de los costes de producción. El Ejecutivo podrá publicar el nombre de las empresas infractoras

 

EL PERIÓDICO epextremadura@elperiodico.com MADRID
26/02/2020

El Consejo de Ministros aprobó ayer el paquete de medidas urgentes adelantado por este diario para atajar la crisis del campo. A través de un real decreto ley, que será tramitado como proyecto de ley, el Ejecutivo modifica la Ley de la cadena alimentaria. Se obliga a incluir los costes de producción en los contratos suscritos entre el productor y su primer comprador y se «prohíbe» la destrucción de valor a lo largo de la cadena al establecer que cada operador deberá pagar al anterior un precio «igual o superior» al coste de producción.

Con la excepción de la venta al consumidor «por cuestiones legales» y «para evitar el despilfarro». Se prohíben las promociones comerciales de «carácter engañoso», como «la venta de dos cajas de detergente con un litro de aceite de oliva virgen extra de regalo». «Esto significa una devaluación del producto que no puede ser admitido», advirtió Planas, quien defendió que el Gobierno «respeta» las promociones comerciales y solo prohíbe aquellas que induzcan a error. Además, se incluye la ausencia de contratos escritos como una «falta grave». Las faltas graves y muy graves serán publicitadas.

Por último, también se incluye que la ausencia de contratos escritos sea considerada como una «falta grave» y si esta tendencia se generaliza sería considerado como falta muy grave. Según la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria una falta grave supone una multa de entre 3.001 y 100.000 euros, y las muy graves pueden elevarse hasta el millón. Tanto las faltas graves como las muy graves serán objeto de publicidad con fines disuasorios, pero también punitivos. Esta última medida está incluida en la directiva de prácticas comerciales desleales que el Gobierno prevé aprobar antes de junio del 2021.

Este real decreto-ley se pondrá en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y será tramitado como proyecto de ley, por lo que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados, según informó ayer el ministro. Además, el decreto incluye otras normas como la modificación de la Ley del IRPF en el punto relativo a la incorporación de jóvenes agricultores a la actividad productiva para que la tributación pueda hacerse en cuatro ejercicios fiscales; la reducción del número de peonadas de 35 a 20 en las comunidades de Andalucía y de Extremadura.

También se establece la bonificación de contratos eventuales en fijos discontinuos o fijos, subvencionando el coste de las contingencias comunes por parte del empresario en esta materia. Y se modifica la Ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que el empresario ponga «a disposición del trabajador determinados lugares de descanso y reposo que podrán ser objeto de inspección para que reúnan todas las condiciones legales».

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, afirmó ayer en el Senado que el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros atiende a una de las «demandas históricas» del campo por prohibir la venta de un producto a pérdidas o por debajo del coste para el agricultor.

El sindicato Comisiones Obreras valoró positivamente las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de ayer para el sector agrario, pero demandó una mesa de negociación con los ministerios de Agricultura, Trabajo y Seguridad Social junto con los sindicatos, según comunicó el sindicato.

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