El Gobierno planea presentar un proyecto de ley de reforma del sistema público de pensiones "antes de finales de año". Así lo anunció ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, tras la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que presidió José Luis Rodríguez Zapatero y en la que los ministros pasaron revista a las prioridades de la agenda económica.

La vicepresidenta señaló como una de las "prioridades" la reforma del sistema de pensiones y explicó que el Ejectutivo está esperando el informe de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, "donde está desde hace algunos meses" el texto que elaboró el Gobierno. "Espero que antes de fin de año podamos tener un proyecto de ley que podamos remitir al Congreso", dijo Salgado. En todo caso, el Ejecutivo esperará a tener el dictamen de la comisión parlamentaria.

Salgado evitó pronunciarse sobre la propuesta del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de ampliar de 15 a 20 años el periodo de cálculo de las pensiones. En aras de favorecer "el máximo consenso" en la reforma de las pensiones, Salgado optó por "no hacer manifestaciones distintas de las ya incluidas en el documento elaborado por el Gobierno", en enero. En este se defendía alargar el periodo de cálculo pero de forma genérica. En la agenda de prioridades a partir de septiembre, el Gobierno sitúa la aprobación de los unos presupuestos del Estado muy austeros y la culminación de las reformas estructurales pendientes.

RECORTES DEL 17% Las cuentas del 2011 que elabora Economía incluyen un ajuste del 7,7% del gasto que se traducirá en un recorte de las partidas de los ministerios "de entre el 15% y el 17%", después de atender los compromisos de la deuda pública, el pago de pensiones y las transferencias a la UE. El presupuesto de los ministerios tendrá "un importe algo superior al del 2006" dijo Salgado.

Salgado anunció la presentación de un proyecto de ley de reforma del sistema laboral con el objetivo de "reconducir hacia la legislación laboral algunos temas que ahora se abordan en lo contencioso administrativo", salvo asuntos relacionados con la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores. Respecto a los 700 millones adicionales para obra pública que ayer anunció el ministro José Blanco, confió en poder ahorrar tal cantidad en el pago de intereses de la deuda pública para ponerla a disposición de Fomento.