El Gobierno aprobó ayer en su Consejo de Ministros dos líneas de crédito para inyectar hasta 30.500 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social, tensionadas ante los gastos generados por la crisis del coronavirus, así como la cercanía de la paga extra de verano para los pensionistas, que se percibe en junio y supondrá un casto aproximado de casi 20.000 millones. El Ejecutivo dio así luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico y laboral, en el que se incluyen dos créditos, uno por valor de 16.500 millones de euros a la tesorería de la Seguridad Social y otro de 14.002 millones para el Ministerio de Inclusión.
El covid-19 se ha plasmado en las cuentas del erario público en menos ingresos, fruto de la menor actividad económica y de las exenciones aplicadas, y mayores gastos, fruto del coste de ese «escudo social» que el Gobierno ha ido aplicando. «Es evidente que los ingresos del sistema se van a ver reducidos respecto a lo previsto (...) Estos créditos reflejan el compromiso del Gobierno con el sistema de la Seguridad Social», afirmó la ministra portavoz y responsable de Hacienda, María Jesús Montero; en la rueda de prensa posterior al cónclave.
Medidas como las exoneraciones para las empresas de las cotizaciones a la Seguridad Social en el caso de trabajadores en ERTE han provocado un descenso en los ingresos. Más de 3,4 millones de empleados tiene contabilizados el SEPE, lo que implica exenciones de pago de entre el 75 y el 100% de las obligaciones. A lo que cabe añadir la histórica destrucción de empleo. Casi 850.000 afiliados perdieron la Seguridad Social en el mes de marzo. Menos afiliados y menos afiliados cotizando, menos ingresos para el erario público.
Además, el gasto ha aumentado para las arcas públicas debido a políticas, como la prestación especial de cese de actividad para los trabajadores autónomos. Si bien el pago de las prestaciones por desempleo en el caso de los trabajadores en ERTE corre a cargo del SEPE (vinculado al Ministerio de Trabajo), el paro de los autónomos lo costea el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, liderado por José Luís Escrivá.
Según los últimos datos facilitados, cerca de 1,4 millones de autónomos cobraron en abril dicha prestación. Cuyo importe más frecuente es de 661 euros. Un mayor gasto al que cabe sumar la bonificación de las cuotas mensuales para dicho colectivo. Una doble protección cuyo coste el ministerio de Escrivá cuantificó en 3.000 millones de euros.
