E l Gobierno ha recuperado para su agenda la derogación parcial de la última reforma laboral del PP. El Ejecutivo aprobó ayer su Plan Anual Normativo, que sintetiza sus prioridades legislativas para el presente curso. Una de estas es «recuperar el papel de la negociación colectiva», lo que pasa por modificar algunas de las herencias que dejó en el marco laboral el Gobierno de Mariano Rajoy. Un desmantelaje que no comenzará a volver a debatirse hasta tener cerrado con los agentes sociales la cuarta prórroga de los ERTE, cuya negociación está en curso.

La recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la vuelta a la ultraactividad será la punta de lanza de esa contrarreforma que volverá a copar las mesas de diálogo social entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos. En estas también se discutirá la limitación de la subcontratación y sus condiciones laborales, según explicaron fuentes de Trabajo.

La pandemia del covid dinamitó la agenda legislativa del Gobierno de coalición y dejó en stand by varias de las negociaciones en curso. Una de estas fue la derogación de parte de la reforma laboral del 2012, la de aquellos aspectos que permitían un mayor consenso entre los dos socios de Gobierno. Las conversaciones con la CEOE, CCOO y UGT estaban ya encauzadas cuando llegó el virus y, hasta entonces, la primera fecha límite que el Ministerio de Trabajo dejó caer sobre la mesa de diálogo social para cerrar una primera modificación fue septiembre.

Es por ello que los temas que primero van a volver a debatirse en la esfera del diálogo social es que los convenios del sector vuelvan a prevalecer sobre los de empresa y la ultraactivadad. Pues CEOE, si bien está en contra de modificarlos, estos no son los elementos que más rechazo le generan de la lista del Gobierno. Calvo explicó que el objetivo del Ejecutivo es «modificar la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva».

Todos estos elementos, a los que se suman la limitación de la capacidad de las empresas de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo o de la subcontratación, buscan dar un mayor poder negociador a los sindicatos de cara a frenar devaluaciones salariales o modificaciones sustanciales de las condiciones en los próximos meses. Algo por lo que están apretando las centrales.