El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales impedir que las jubilaciones anticipadas se produzcan antes de los 61 años. El documento de reformas presentado a empresarios y sindicatos pretende controlar el futuro aumento del gasto en prestaciones, que se producirá por el envejecimiento de la población y por la mejora de las pensiones.
El secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, explicó ayer que el momento actual del Seguro "es envidiable" y que logrará este año el mejor ejercicio de su historia. Por tanto, la reforma no pretende responder a una crisis, sino adelantarse a los posibles problemas que puedan presentarse en el futuro, dando por sentado que los nuevos pensionistas tendrán mejores prestaciones y, por tanto, un mayor coste para el sistema.
La reforma, que irá entrando en vigor de forma paulatina durante los próximos años, no afectará a las viejas pensiones. Su objetivo será prolongar la vida laboral del trabajador para que aumenten los ingresos de la Seguridad Social.
De esta manera, Granado propone "desincentivar la jubilación anticipada", sobre todo la voluntaria, para que estos trabajadores no obtengan mejor pensión que los que optan por cotizar hasta los 65 años. El Gobierno quiere unificar los requisitos para prejubilarse y reducir a dos o tres las 11 distintas modalidades de jubilación anticipada.
Granado también plantea incentivos directos al trabajador para que cobre más pensión a los 67 años que a los 65.
