El Gobierno y el PSOE negocian una tregua de cortes de luz a personas desfavorecidas que podría ponerse en marcha en las próximas 48 horas. El Ejecutivo negocia con el sector eléctrico un acuerdo definitivo sobre el denominado bono social que impida cortes del suministro eléctrico a los abonados por impago debido a situación económica grave. Según ha asegurado el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, el acuerdo para esa tregua navideña podría estar listo en 48 horas. De hecho, fuentes gubernamentales informan de que este miércoles habrá una reunión con los socialistas para rematar este asunto.
Fuentes gubernamentales explican que durante las últimas semanas se ha estado debatiendo con los socialistas cómo mejorar la coordinación entre el Estado, las autonomías y los ayuntamientos para intentar evitar que se repitan casos como el de la anciana de Reus.
REUNIÓN EL MIÉRCOLES
"Hoy mismo estamos negociando una auténtica tregua social de los cortes de energía para las personas que son declaradas como muy vulnerables por los ayuntamientos. A nosotros el Gobierno nos pidió que apoyáramos los cambios en el bono social y nosotros dijimos que a cambio queríamos que por ley se impidiera los cortes de energía a esas personas vulnerables.
Durante las últimas semanas el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha estado celebrando numerosas reuniones para intentar encontrar una solución a este problema. El pasado día 9 se reunió con Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
“No se puede cortar suministro energético a ninguna familia que deje de pagarlo por razones de insuficiencia económica. Es una premisa política, una cuestión de principios y vital para acaldes y alcaldesas”, declaró aquel día Caballero.
¿QUÉ ES EL BONO SOCIAL?
El bono social era hasta ahora un mecanismo regulado por el Gobierno que buscaba proteger a consumidores vulnerables con menores posibilidades económicas. Hasta este año, dicho mecanismo consiste en la aplicación de un 25% de descuento sobre el total de la factura de los clientes acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor. El objetivo de la negociación en marcha es que no pueda cortarse la luz a ese colectivo vulnerable, especialmente en invierno.
SENTENCIA DEL SUPREMO
El Tribunal Supremo consideró en octubre de este año que ese bono social, la tarifa subvencionada que se aplica a los consumidores con bajos ingresos no es legal, al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad. La sentencia consideraba que el coste de ese descuento se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan y que la Administración no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención.
En dos sentencias, los jueces declaran inaplicable el bono social establecido en el 2013 y los principales artículos de la reforma del 2014 que desarrollaban la citada ley, estimando los recursos interpuestos por EON España y Endesa.
BENEFICIARIOS
El bono social alcanza actualmente a unos 2,4 millones de clientes y supone un coste de unos 200 millones de euros anuales, que sufragan las compañías eléctricas. Estas han reclamado siempre que esa subvención debe asumirla la Administración, por lo que llevaron el asunto a los tribunales. Endesa debe aportar 77 millones, Iberdrola 71 y Gas Natural casi 28 millones.
La medida supone un ahorro medio de 180 euros anuales para los abonados que se benefician de ella. Se aplica automáticamente a todos aquellos hogares habituales con una potencia contratada inferior a tres kilovatios. También se puede solicitar en hogares con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios siempre que cumplan con unos requisitos; en términos generales pensionistas con 60 o más años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad y familias numerosas o aquellas en las que todos sus miembros estén en situación de desempleo.
