El secretario de Estado para la Seguridad Social, Fernando Castelló, ha puesto a trabajar a su equipo técnico para diseñar un sistema de sanciones que penalice a las comunidades autónomas morosas con el Seguro. Castelló no ocultó que la medida afectará expresamente a Andalucía, cuya deuda con la Seguridad Social "supera con creces la cifra que apuntó el vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, es decir, mucho más de 150 millones de euros (25.000 millones de pesetas)". La medida es una respuesta del Gobierno a los decretos que ha aprobado recientemente la Junta de Andalucía para mejorar las prestaciones más bajas. "No me parece lógico que una comunidad se dedique a ofrecer pagas a los pensionistas cuando es incapaz de financiar el sistema", dijo Castelló.
DESDE 1997 Según la Tesorería General de la Seguridad Social, Andalucía arrastra desde 1997 impagos por las cuotas de los 60.000 funcionarios adscritos a la Administración autonómica. Los técnicos de la Seguridad Social están revisando, código por código, los ingresos que la Junta debería haber hecho también por los trabajadores de empresas públicas y organismos dependientes. "El montante de su deuda es enorme, mientras que la del resto de las autonomías es insignificante", aseguraron fuentes de la tesorería.
La Junta de Andalucía explicó ayer a este diario que el Seguro está incluyendo en este pasivo las deudas de Caja Sur, del Defensor del Pueblo y hasta de colegios privados.
Castelló reconoció que el futuro sistema de sanciones no podrá ponerse en marcha en esta legislatura porque "no queda tiempo, aunque quiero que entre en vigor después de las elecciones". El responsable ministerial no quiso avanzar la fórmula sancionadora que aplicará el Gobierno, pero no negó que en la etapa del exministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio se barajó la posibilidad de penalizar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos morosos restando parte de las transferencias del Estado y de los fondos comunitarios que disfrutan. Andalucía recibirá este año 6.840 millones de euros del Estado (1,13 billones de pesetas).
Un sistema parecido es el aplicado a las empresas que no están al corriente de sus pagos al Seguro. La ley las penaliza impidiendo su acceso a ayudas y a concursos públicos.
NEGOCIACIONES Fuentes de la Junta de Andalucía mostraron su sorpresa por la reacción de Arenas y Castelló, ya que esperaban llegar a un acuerdo con Madrid este mes después de las reuniones que han mantenido hasta la pasada semana para compensar las deudas. El Gobierno andaluz lleva reclamando desde 1997 más de 4.000 millones de euros (665.544 millones de pesetas) por la diferencia en el censo que dejó fuera de la financiación autonómica a 465.000 andaluces. También exige el pago de otros 644 millones de euros (107.152 millones de pesetas).
